Novedades de la Ley de Asilo y la reforma de extranjería: triajes, retorno en 12 semanas o presunción de minoría de edad
El Gobierno ha aprobado este martes los anteproyectos de una nueva Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería
Por primera vez se ha declarado la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, que estará vigente hasta el 31 de diciembre. Con ella se ha constituido un mando único con el que se busca coordinar el trabajo de 11 ministerios, sobre todo en lo que acontece en la ciudad autónoma. El Gobierno quiere coordinar así los retornos y activar la ampliación inmediata del Plan Socioeconómico de 2022.
La prioridad es la devolución de los migrantes, pero el Ejecutivo reconoce la dificultad que conlleva en el caso de los menores. "Para ser devueltos tenemos que tener el consentimiento del país de origen, también tenemos que tener el consentimiento jurídico, derecho superior del menor, también de los tutores. Se tienen que dar una serie de pasos que están reglados y que no son sencillos", ha señalado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, ahora al frente del mando único.
Para lograr todos esos objetivos, el Gobierno ha aprobado este martes los anteproyectos de una nueva Ley de Asilo y de reforma de la Ley de Extranjería.
Entre las novedades que recogen estas propuestas destaca la eliminación, con carácter general, del recurso administrativo previo para los solicitantes de asilo que vean denegada su petición, según Interior, para reforzar la vía contencioso-administrativa.
Se incorpora, además, nuevas causas de persecución relacionadas con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad e introduce por ley la presunción de minoría de edad mientras se realiza la evaluación de los menores desamparados.
Triaje, controles biométricos y resolución rápida de expedientes
España incorpora además la figura del triaje a personas extranjeras que cruzan las fronteras exteriores de la UE, pero mientras que el reglamento permite a los estados retener a los migrantes hasta siete días para completar los controles biométricos y médicos, España ha decidido mantener este proceso en un máximo de 72 horas, prorrogable, únicamente, bajo una autorización judicial.
Algunas de las medidas que España traslada directamente es un nuevo procedimiento acelerado que establece que los expedientes deben estar resueltos en tres meses. Incorpora el procedimiento de frontera de aplicación obligatoria en determinados supuestos, con un plazo máximo de 12 semanas, durante el cual el solicitante debe permanecer en instalaciones policiales y desarrolla los conceptos de primer país de asilo, tercer país seguro y país de origen seguro. También introduce la posibilidad de integrar en la resolución denegatoria una decisión de retorno.
Se trata de una primera lectura de ambos textos que deberán ser informados por distintos organismos y volver al Consejo de Ministros antes de llegar al Congreso.