La Policía Nacional dejará de utilizar espráis de defensa personal en operaciones de orden público
En la nota de prensa han indicado que los agentes sí continuarán usando agentes fumígenos o lacrimógenos, al ser “inocuos y no lesivos”.
Los agentes de Policía Nacional dejarán de utilizar sus espráis de defensa personal, conocidos como ‘espray de pimienta’ o ‘gas pimienta’, como medidas antidisturbios en operaciones de orden público. Según el Ministerio del Interior, la decisión llega tras la polémica por las actuaciones policiales durante la jornada de huelga general del 11 de noviembre. Precisamente, la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha abierto una información reservada sobre esos hechos, procedimiento previo a abrir un expediente disciplinario.
Según la nota, los agentes sí continuarán usando agentes fumígenos o lacrimógenos, al ser “inocuos y no lesivos”.
El protocolo sobre la utilización de espráis de defensa fue actualizado el pasado 19 de octubre por el director adjunto operativo de la Policía, el comisario principal José Luis Santafé, introduciendo nuevos modelos de aerosol como protección para los agentes.
En el documento, al que ha tenido acceso la Agencia EFE, se detalla que el espray, homologado por el Ministerio de Sanidad, está compuesto por oleorresina de capsicum, un extracto natural concentrado que se obtiene a partir de los frutos de plantas del género Capsicum (chiles, ajíes o pimientos picantes).
"Su uso implica la exposición a un agente químico que puede provocar irritación ocular, dérmica y respiratoria y que, no obstante, desde el punto de vista preventivo, este riesgo químico se considera tolerable y controlable", subraya el protocolo.
Respecto al procedimiento de uso, entre otras normas, se permite pulsar el espray "a una distancia recomendada mínima de tres metros" sobre el individuo y siempre ante agresiones o resistencia activa que ponga en riesgo la integridad del policía, de terceros o la seguridad ciudadana. No se recomiendan estos espráis ante situaciones de resistencia pasiva, personas engrilletadas o sobre menores de edad, ancianos, mujeres embarazadas y ciudadanos con salud débil.