Octavio López pide a la alcaldesa de Pedrola que retire el recurso contra el PIGA de la gigafactoría de Stellantis

El consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha pedido a la alcaldesa de Pedrola, Manuela Berges, que retire el recurso contencioso-administrativo presentado por su Ayuntamiento contra el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de la futura gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL. López considera que el conflicto puede perjudicar la imagen de Aragón como comunidad receptora de grandes proyectos industriales y reclama que se anteponga el interés general a las discrepancias municipales.

El consejero ha defendido que las cuestiones relacionadas con las infraestructuras de acceso a la futura fábrica podrían resolverse mediante el diálogo directo con la multinacional. En este sentido, ha recordado que Stellantis lleva cuatro décadas encargándose del mantenimiento de la carretera de Pedrola que da acceso a sus instalaciones y se ha mostrado convencido de que, si la alcaldesa habla con la empresa, podría mantenerse esa colaboración.

"Pedimos a la alcaldesa de Pedrola que reconsidere y retire el recurso en pro del interés general de Aragón, la seguridad que esperan los inversores y el coste reputacional que puede tener este conflicto para nuestra imagen industrial", ha señalado López.

El Gobierno de Aragón cuestiona los argumentos del Ayuntamiento

La petición del consejero llega un día después de que trascendiera la decisión del Ayuntamiento de Pedrola de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) el PIGA de la gigafactoría. La alcaldesa, Manuela Berges, sostiene que el plan invade competencias municipales en materia de urbanismo y que deja fuera determinadas infraestructuras de acceso que los consistorios de Pedrola y Figueruelas tendrían que adecuar y mantener. El Ayuntamiento cifra ese gasto en más de 800.000 euros y asegura que no está en contra de la instalación de la fábrica, sino de las condiciones recogidas en el proyecto.

Octavio López ha cuestionado esa estimación económica. Según ha explicado, la vía perimetral tiene 7,4 kilómetros de longitud, pero únicamente uno de ellos discurre por el término municipal de Pedrola. Además, ha recordado que los principales accesos a la futura planta se realizarán a través de la A-68, de titularidad estatal, y de la A-122, competencia del Gobierno de Aragón.

El consejero también ha defendido que el PIGA no impone al Ayuntamiento ningún coste ni modifica sus competencias municipales. Ha asegurado que el Ejecutivo autonómico está tranquilo respecto a la evolución del recurso judicial.

Un nuevo procedimiento para evitar conflictos

Además, López ha anunciado que el Gobierno de Aragón quiere establecer un nuevo sistema de consulta a los ayuntamientos antes de iniciar la tramitación de futuros Proyectos de Interés General de Aragón.

La propuesta, que el consejero ha denominado la 'teoría del semáforo', permitiría a los consistorios manifestar desde el principio si aceptan la implantación de un proyecto empresarial, se oponen a ella o están dispuestos a negociar alternativas. El objetivo es conocer la posición municipal antes de que las empresas comprometan inversiones en terrenos o comiencen los trámites urbanísticos.

El Ejecutivo quiere trabajar con los grupos parlamentarios para convertir este procedimiento en una práctica habitual y evitar cambios de posición cuando los proyectos ya estén avanzados. "No se pueden cambiar las reglas a mitad del partido", ha advertido López.

Por otra parte, el consejero ha confirmado que el Gobierno de Aragón y la empresa han cerrado un acuerdo para dar respuesta a las necesidades de alojamiento de los trabajadores chinos que participarán en la puesta en marcha de la gigafactoría. El contenido no se hará público hasta después de las elecciones generales, previsiblemente en diciembre o durante la primera quincena de enero.