La paralización de la variante de Sabiñánigo obliga a desviar miles de toneladas de mercancías y genera pérdidas económicas
Las obras de la A-23 llevan un año paradas cuando solo queda pendiente un 2 % de su ejecución. La Cámara de Comercio de Huesca elabora un estudio, con cerca de 200 encuestas, para cuantificar el impacto económico y social del retraso en las comarcas de la Jacetania, el Alto Gállego y Sobrarbe.
La paralización de las obras de la variante de la A-23 en Sabiñánigo, que se prolonga ya desde hace un año, sigue generando perjuicios económicos y problemas de movilidad y seguridad en el territorio. Los trabajos permanecen detenidos pese a que solo queda por ejecutar un 2 % del proyecto, una situación que afecta especialmente a empresas, agricultores, ganaderos y vecinos de la zona, que reclaman una solución cuanto antes.
Para conocer el alcance de estos perjuicios, la Cámara de Comercio de Huesca está elaborando un estudio basado en una encuesta que ya ha recibido alrededor de 200 respuestas. El análisis abarca las comarcas de la Jacetania, el Alto Gállego y Sobrarbe y busca recoger la opinión de una amplia representación del territorio, desde empresas y transportistas hasta agricultores, ganaderos y particulares que utilizan esta carretera a diario.
El impacto de la paralización se refleja especialmente en el tráfico pesado. Por este eje estratégico para el Pirineo circulan diariamente alrededor de 150 camiones, cuyos desvíos obligan a utilizar carreteras preparadas para soportar cargas de entre tres y cuatro toneladas, pero por las que ahora transitan vehículos que pueden superar las 30 toneladas.
Más costes y dificultades para la actividad agrícola
Uno de los ejemplos de las consecuencias de este retraso es el de la cooperativa Santa Orosia, que desde hace un año tiene cortado su acceso principal por las obras de la variante. La entidad se ha visto obligada a desviar por el centro de Sabiñánigo el transporte de unas 4.000 toneladas de cereal, con el consiguiente aumento de los costes y las dificultades logísticas.
Su gerente, Cristina Jarne, ha explicado que la situación está provocando pérdidas económicas tanto a los agricultores como a la propia cooperativa.
"Es una pérdida para los tractores porque consumen más gasoil y pierden más tiempo. Los camiones, por supuesto, hay que pagarles más porque tienen que dar más vuelta. Económicamente tenemos pérdidas. Gente que no llega a la cooperativa, pues a lo mejor alguno no llega porque prefiere ir a otros sitios y no dar la vuelta", ha señalado.
A los sobrecostes del transporte se suman los problemas de seguridad que genera la circulación de vehículos pesados por el casco urbano. Desde la Asociación de Vecinos de los Núcleos Rurales El Cajicar, su presidente, José Ángel Garcés, ha advertido de las dificultades que afrontan agricultores y ganaderos.
"Agricultores y ganaderos ven con preocupación cómo todos los días tienen que pasar con sus vehículos pesados por dentro del casco urbano de Sabiñánigo, por su calle principal, con vehículos que llegan a pesar 30 o 40 toneladas", ha denunciado Garcés.
La dimensión económica de estos problemas todavía está por determinar. Por eso, el estudio impulsado por la Cámara de Comercio pretende poner cifras a las consecuencias que está teniendo la paralización de las obras en el conjunto del territorio.
El presidente de la Diputación Provincial de Huesca, Isaac Claver, destaca la importancia de contar con una muestra representativa de los distintos sectores afectados.
"Abarca las comarcas de la Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe y una amplia representación de todo el territorio. Desde comercios y establecimientos hasta agricultores, ganaderos, transportistas, pymes, quienes nos pueden dar esa información de los perjuicios económicos que están sufriendo", ha explicado.
El conflicto con la empresa adjudicataria continúa
Mientras tanto, la reanudación de las obras sigue sin concretarse. Hace una semana, la empresa responsable del proyecto incumplió el requerimiento del Ministerio de Transportes para retomar los trabajos. Este incumplimiento abre la puerta a un nuevo procedimiento que podría acarrear sanciones y la pérdida de una cantidad cercana a los cuatro millones de euros.
Este escenario prolonga la incertidumbre en Sabiñánigo y su entorno, donde empresas, profesionales del campo y vecinos insisten en que resulta urgente finalizar una infraestructura de la que depende buena parte de la movilidad y la actividad económica del Pirineo.