Las personas con discapacidad en Aragón ganan autonomía jurídica y refuerzan sus derechos

Las Cortes de Aragón han aprobado este jueves una la ley que modifica el derecho foral aragonés sobre capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Antes, muchas eran declaradas incapacitadas en todas las áreas de su vida. Sin embargo, ahora se protege su derecho a tomar decisiones y a que se escuchen sus preferencias, aunque tengan que recibir apoyo en algunas áreas. 

Todos los partidos han respaldado esta reforma legislativa que ha contado con las aportaciones de las asociaciones que trabajan por la discapacidad y la dependencia. Un cambio con el que Aragón asume los principios de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de Nueva York de 2006 y que fue ratificada por España en 2007.

Óscar Alijarde tiene parálisis cerebral y tuvo declarada la incapacitación por sentencia. Casos como el suyo se revisarán para dar más autonomía a las personas con discapacidad. Dejarán de estar tuteladas todo el tiempo y se decidirá qué tipo de apoyo necesitan.

A sus 49 años, Óscar ha conseguido su primera tarjeta de crédito gracias al apoyo de Aspace. “Hemos ido al banco y hemos solicitado la tarjeta para que yo pueda ser lo más autónomo posible económicamente”, relata. Un éxito que piensa celebrar “dando una vuelta y yendo a cenar”.

No es el único cambio que ha llegado a su vida con esta reforma legislativa, porque ahora también tiene teléfono móvil. “¿Si tenía ganas de un móvil? Después de 15 ó 16 años que llevo sin él ha sido la bomba”, asegura.

Para Óscar este ha sido “un gran paso”, porque tiene clara la diferencia entre discapacidad e incapacitación: “Es una forma de que podamos decidir con nuestras personas de apoyo, porque incapacitados no estamos”.

“Había una necesidad de adaptación de la legislación aragonesa a los principios contenidos en la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y la legislación nacional que reformaba todo este asunto. Estamos muy contentos”, insiste el abogado de la fundación Aspace, Pablo Escanero.

También el presidente del patronato de la Fundación Down, Enrique Soledano, remarca la importancia de este cambio: "Supone declararlos ciudadanos de pleno derecho a los que la sociedad tiene que suministrar los apoyos que requieran para para vivir como un ciudadano más".

Esta ley, que llega tras tres años de trabajo, tiene en cuenta que cada persona es diferente y así deberá ser a partir de ahora la solución en cada caso.