El Gobierno de Aragón y APL recurren la nulidad del convenio y del PIGA de Plaza 4.0
Este viernes han presentado sendos recursos de casación en el Tribunal Supremo porque consideran que esta colaboración es conforme a derecho. Defienden que permite el desarrollo de proyectos de interés general de iniciativa privada
El Gobierno de Aragón y la sociedad pública Aragón Plataforma Logística (APL) han presentado dos recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia dictada el pasado 10 de octubre por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Este documento declaró la nulidad del convenio de colaboración entre el Ejecutivo autonómico, APL y la sociedad Cipsa Norte que se había firmado el 2 de febrero de 2022, así como del Proyecto de Interés General (PIGA) para el desarrollo de la plataforma logística denominada Plaza 4.0.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón tumbó con su decisión la ampliación de Plaza en el mes de octubre. Supuso anular los convenios urbanísticos en las 240 hectáreas que recalificó el anterior Gobierno de Javier Lambán y que permitían expandir este centro neurálgico clave en la comunidad. Un varapalo que dejó en el aire la inversión de 100 millones que Lidl tenía prevista en estos suelos, donde iba a levantar un macrocentro logístico internacional que crearía 200 puestos de trabajo.
Precisamente, esa es la mayor prioridad para el Ejecutivo: garantizar el proyecto de Lidl, condicionado por las fechas, ya que estaba previsto iniciar la construcción en el primer semestre de 2028, y la ubicación.
El Gobierno de Aragón y APL plantean en sus recursos que este proyecto se ajusta a derecho como fórmula de colaboración público-privada. En este marco, aseguran, se encuentran los convenios de colaboración para promover el desarrollo de proyectos de interés general de iniciativa privada, sin que sea necesario aplicar el régimen de contratación pública general.
Además, plantean la posibilidad de permitir a un promotor privado que sea titular de la mayor parte del suelo la promoción, redacción y ejecución de un proyecto calificado de interés autonómico. El Gobierno de Aragón se replanteará la evolución del proyecto en función del interés de las empresas implicadas en torno a los plazos previstos.