Aragón registra 2.192 infracciones penales por atentado contra la autoridad en los últimos cinco años
La mayoría de las infracciones fueron agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad, un delito recogido en el Código Penal que puede conllevar penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses
Aragón ha registrado 2.192 infracciones penales por atentado contra la autoridad en los cinco últimos años, de las que 367 fueron entre enero y septiembre de 2025.
En 2021, se registraron en Aragón 366 infracciones, que aumentaron a 455 al año siguiente y a 503 en 2023, una cifra similar a las 501 con las que se cerró 2024.
En el conjunto nacional, en los últimos cinco años el Ministerio del Interior ha contabilizado más de 78.400 infracciones penales por atentado contra la autoridad, la mayoría de ellas por agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad, aunque la cifra se mantiene más o menos estable en el quinquenio.
Según los datos facilitados por ese departamento, se ha pasado de los 15.397 delitos de este tipo en 2021 a los 16.878 de 2024 (último año cerrado), lo que supone un aumento del 9,6 % en ese periodo.
A falta de contabilidad el último trimestre de 2025, el año pasado puede arrojar una cifra similar a la de los años precedentes (más de 16.000), ya que entre enero y septiembre se habían conocido 12.645 infracciones penales de atentado contra la autoridad, agentes o funcionarios públicos.
Penas de hasta cuatro años de prisión
Los delitos de este tipo están recogidos en el Código Penal, (se abre en una nueva ventana)en concreto en los artículos del 550 al 554. "Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas", dice textualmente el artículo 550.
Y el siguiente, el 551, establece las penas: "Los atentados comprendidos en el artículo anterior serán castigados con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a tres años en los demás casos".
Algo más del 65 % de las agresiones y atentados (dos tercios) se perpetran en cuatro autonomías: Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana.
Sindicatos policiales y asociaciones profesionales de guardias civiles demandan desde hace años que su labor sea reconocida como una profesión de alto riesgo, una reivindicación que han llevado hasta Bruselas.