Los empresarios turolenses denuncian que las ayudas al funcionamiento “no se están aplicando” en la provincia tal y como permite Europa, que establece una bonificación de hasta un 20 % de los costes laborales para las compañías de Teruel, Soria y Cuenca por su escasa población. Una medida aprobada en 2023 y que en este momento, aseguran, solo está bonificando “un exiguo 1,5 %” de estos costes.
La patronal de la provincia reclama al Gobierno de España aplicar al máximo la ayuda. “Las empresas serían mucho más competitivas, tendrían muchas más posibilidades de contratar a más gente, de mejorar los salarios de los trabajadores y, en general, de dinamizar la actividad económica de la provincia”, ha defendido el presidente de Cepyme Teruel, Jesús Blasco, minutos antes de participar en un desayuno informativo celebrado en la capital turolense.
En este encuentro han invitado a todos los partidos políticos para que “se posicionen al respecto”. “No entendemos que haya alguien que no apoye esto, porque es beneficioso para todos”, ha subrayado Blasco para añadir: “De aplicarse en su totalidad nos encontraríamos en una situación que daría muchas más posibilidades a las empresas de contratar y sería una ventaja competitiva”.
Los empresarios han recordado que estas ayudas se aprobaron por la “especial singularidad” de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, al encontrarse con una densidad de población por debajo de los 12,5 habitantes por km². “Estamos en situación de emergencia, de despoblación máxima y pretendían revitalizar el territorio y que se pueble”, ha incidido Blasco.
A las 12:00 en la plaza de San Juan, en Teruel, han reivindicado estas ayudas que si se aplicaran al máximo, calculan, podrían ahorrar hasta 6.000 euros por trabajador en costes laborales. Todos los partidos han mostrado su apoyo, aunque el PSOE no ha acudido a esta concentración."
"Esos 5.000 euros van a la base de cotización de la Seguridad Social de donde se cogen y se descuentan, no hay que hacer nada. Es una herramienta muy importante que tenemos y debemos aprovechar para seguir creciendo la provincia de Teruel", ha reclamado el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles.
También desde la Cámara de Comercio turolense, su presidente, Antonio Santaisabel, ha incidido en que esta bonificación "es un derecho" que les ha otorgado Europa: "Si no lo aprovechamos hasta 2027, tenemos una gran pérdida. Es una gran oportunidad que no debemos dejar pasar".
Los empresarios quieren reunirse con la ministra de Hacienda y trasladar la necesidad de aplicar al máximo las bonificaciones. Estiman que en las tres provincias afectadas podrían llegar a alcanzar los 300 millones de euros.
Una reclamación que también ha respaldado el Gobierno de Aragón. "Tenemos la obligación de decirle al Gobierno de España que tiene autorización de la Unión Europea para aplicar las ayudas hasta el 20 % y que no debe conformarse en un 1 %", ha defendido el consejero de Turismo y Medio Ambiente, Manuel Blasco.