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Teruel

Dos años después del derrumbe en la calle San Francisco de Teruel quedan muchas incógnitas por resolver

Los seguros todavía tienen que llevar a cabo sus estudios de lo ocurrido, mientras los vecinos recuerdan que sus peritos culparon del derrumbe a la red pública de aguas

El solar que ha quedado tras el desescombro del edificio que colapsó en la calle San Francisco. / Aragón TV
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Han pasado dos años desde que colapsara el edificio número 21 de la calle San Francisco de Teruel. Se vieron afectados el número 19, que también tuvo que ser desalojado y habrá que derruirlo, y el 23-25 que se vio parcialmente afectado. En este tiempo, las 20 familias afectadas permanecen a la espera de ver cómo se soluciona de manera definitiva este suceso. 

En este tiempo el Ayuntamiento de Teruel ha invertido, según su alcaldesa, 1,6 millones de euros en desescombrar y limpiar la zona afectada. A estas labores se dedicaron durante más de un año. El consistorio afirma que entregó el solar a los vecinos el pasado mes de julio y en este tiempo solo se han podido llevar a cabo las pruebas periciales encargadas por los vecinos. Estas afirman que el colapso del edificio se produjo por unas filtraciones que emanaban de la red pública y reclaman más de 4 millones.

"Cuando reclamas 4 millones es muy importante y necesario que todos lleven a cabo sus pruebas", ha señalado Emma Buj, quien ha recordado que los informes de las empresas de aguas y del propio ayuntamiento realizados "no indican que el origen" del hundimiento fuese el que aseguran los vecinos. "Habrá que analizar todos los estudios y llegar a una conclusión", ha sentenciado.

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Los vecinos, a la espera de soluciones

Javier Carbó, portavoz de los vecinos afectados, ha recordado que este segundo aniversario "está siendo más duro si cabe, no por la cercanía de lo que ocurrió, sino porque esta semana todo se está revolviendo". También como inquilino de uno de los inmuebles de la calle San Francisco ha pedido "jugar con las mismas armas" a la hora de llevar a cabo las pruebas periciales de lo que ocurrió hace dos años. "Por ley, y en función de la situación, hay un máximo de 45 días para llevarlas a cabo", explica. 

Mientras tanto, muchos de los vecinos reviven estos días lo ocurrido. Teresa Pellón recuerda que "el derrumbe lo tiene superado", pero le afecta la incertidumbre de lo que está por venir. "Saber dónde vas o no, dónde te metes... Es lo que me come mucho por dentro", ha dicho. En líneas similares se expresa Maribel Carretero, quien refleja que tiene "mucho miedo en el día a día". "Es una pesadilla, jamás hubiera pensado que nos iba a tocar", ha zanjado.

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