Bruselas multa a AliExpress con 550 millones por venta de bienes ilegales
Se trata de productos falsificados o que incumplen las normas de seguridad, como juguetes y cosméticos

La Comisión Europea ha multado a la empresa de comercio online AliExpress con 550 millones de euros por "no combatir de forma eficaz" la venta de productos ilegales, falsificados, o que incumplen las normas de seguridad. El órgano europeo considera que la plataforma china no tiene "personal suficiente" para revisar la presencia de dichos productos y ha "sobreestimado" la detección automática de este tipo de artículos que tiene su sistema informático.
Según su comunicado, el sistema no es eficaz porque se siguieron mostrando artículos de esta clase durante "varias semanas", incluso tras ser detectados, causando así un perjuicio y un riesgo contra los consumidores. Además, sus controles para detectarlos son "fácilmente" sorteables, pues basta con que los comercios que venden artículos ilegales mientan en la categoría de los productos.
Por otra parte, la Comisión acusa a la empresa de no aplicar correctamente su régimen de sanciones, porque permitió que las tiendas que venden productos ilegales siguieran operando en la plataforma, pese a haber sido penalizadas. Bruselas afirma que los productos falsificados "representan un riesgo significativo en AliExpress", lo que no solo tiene consecuencias para los consumidores, sino también para "las empresas legítimas que invierten en diseño, pruebas de seguridad e innovación, obligándolas a competir con productos que eluden estas inversiones".
AliExpress tiene ahora hasta el 20 de octubre para presentar un plan a la Comisión Europea con las medidas que va a llevar a cabo para corregir estas prácticas y Bruselas tendrá entonces un mes adicional para evaluarlo y proponer un calendario "razonable" para su implementación.
Antes de AliExpress, la Comisión Europea ha multado también a Temu y a 'X'. A la primera le impuso 200 millones de euros por no prevenir la venta de bienes ilegales, y a la red social le impuso 120 millones por falta de transparencia.
