La Guardia Civil ha detenido a dos personas e investiga a otras tres por su presunta implicación en una trama que facilitaba empadronamientos irregulares de inmigrantes en la comarca del Cinca Medio (Huesca), con un total de 105 inscripciones fraudulentas.
Según ha informado el insituto armado en una nota de prensa, la investigación se inició el pasado mes de febrero tras detectarse un aumento "desmesurado" de empadronamientos de ciudadanos extranjeros, la mayoría en situación irregular, en dos viviendas de una localidad de la comarca.
Durante las pesquisas, los agentes comprobaron que uno de los inmuebles no reunía condiciones mínimas de habitabilidad ni salubridad (sin tejado, con puertas y ventanas tapiadas y sin suministros básicos), y llegó a acumular hasta 57 personas empadronadas. Además, los investigadores observaron que muchos de los inmigrantes que acudían a la localidad para empadronarse no volvían a ser vistos después de completar el trámite.
La operación, denominada RAFON, permitió identificar a un grupo criminal cuyos miembros actuaban con distintos roles. Algunos ejercían como conductores o facilitadores, trasladando a los inmigrantes desde distintos puntos de España hasta la localidad, a cambio de entre 150 y 400 euros. Estas cantidades eran entregadas al presunto líder, que se encargaba de formalizar los empadronamientos en el consistorio.
En total, se han contabilizado 105 personas extranjeras en situación irregular afectadas por este sistema. La Guardia Civil destaca que la colaboración con las instituciones locales ha sido clave para el avance de la investigación.
El pasado 2 de junio, los agentes detuvieron a dos hombres e investigaron a otros tres, todos ellos varones de entre 29 y 73 años y vecinos del Cinca Medio y Lérida, como supuestos autores de un delito de contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de estafa y otro de pertenencia a grupo criminal.
Las diligencias fueron remitidas al juzgado competente de Monzón, que decretó la puesta en libertad con cargos de los detenidos y la obligación de comparecencia para los investigados cuando sean requeridos.
La actuación, añade la Guardia Civil, se enmarca en sus planes para combatir las redes de inmigración irregular y controlar los flujos migratorios.