El Gobierno habilita espacios para 1.800 migrantes que permanecían en la playa en Ceuta
Policías proceden al desalojo de migrantes de la playa del Trampolín este jueves, donde residían desde hace 20 días
1.800 migrantes han sido reubicados en una de las plazas que el Gobierno ha habilitado en espacios temporales de acogida. Ha sido tras un desalojo organizado desde la playa ceutí de El Trampolín, donde muchos permanecían desde hace tres semanas.
"Es un ejemplo del país que somos, de cómo las administraciones trabajan coordinadas. Esto, evidentemente, va a continuar y en los próximos días seguiremos haciendo estas activaciones de recursos temporales de acogida", ha señalado la portavoz del Gobierno y ministra de Migraciones, Elma Saiz.
Más allá de esta solución, Ceuta insiste en que la ciudad tiene que recuperar de manera inmediata su normalidad y para ello todos los que entraron de manera ilegal, dice su presidente, tienen que irse. "El número de expedientes de devolución que se están tramitando ronda entre los 25 y 30 al día. A esto ritmo no saldrían de Ceuta las personas que han llegado, por lo menos en un año", ha manifestado Juan Jesús Vivas.
Devoluciones en caliente, ¿sí o no?
La Comisión Europea asegura que España tiene el deber de garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados que cruzaron a Ceuta, al tiempo que insiste en que el resto de las personas que entraron de forma irregular en la ciudad deben ser devueltos a Marruecos.
"Las devoluciones en caliente de menores son del todo ilegales y así lo ha manifestado el Tribunal Supremo. Si hay alguien que plantea una demanda o un recurso seguramente sea el tribunal correspondiente el que marque cómo se interpreta esa ley. Cuando apruebas normativas genéricas quienes tienen que concretarlas son los tribunales", señala Daniel Sánchez, abogado experto en extranjería.
Marruecos o el país de origen de estos menores deberían garantizar su asistencia, pero si no colabora, la legislación establece que dejan de ser irregulares. Aquí la Administración apuesta por la reagrupación familiar como solución más beneficiosa.
Si la reagrupación no se puede realizar, España es la que debe garantizar su bienestar. Los menores no están de forma ilegal en España y deben ser protegidos todos sus derechos", expone Verónica Laorden, responsable estatal del servicio de incidencia CEAR.
Para el resto, la Unión Europea fija un plazo máximo de 12 semanas para solucionar la situación de todos los demás.