En su día fueron a través de los programas de edición de fotografías y hoy ese espacio lo ha ocupado la inteligencia artificial. La manipulación de las imágenes puede suponer un delito, sobre todo si son de índole personal. Para preservar los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen, los ciudadanos disponen de numerosas vías, jurídicas y administrativas, para perseguir a quienes los vulneran.
El Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley en el que se que considera ilegítimo el uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la inteligencia artificial. Este texto sustituirá a la ley vigente de 1982 para adaptarla a la realidad del siglo XXI.
Mientras se tramita el anteproyecto, cualquier persona que sienta vulnerados esos derechos puede recurrir a la vía civil para solicitar la retirada inmediata del contenido, exigir una indemnización por daños y perjuicios y pedir medidas cautelares para evitar la difusión adicional.
También puede acudir a la vía penal, ya que el Código Penal castiga con penas que pueden ser de cárcel captar, reproducir grabar o publicar imágenes o comunicaciones sin consentimiento, con agravantes si la víctima es menor de edad o una persona especialmente vulnerable.
Además, la Agencia Española de Protección de Datos dispone del 'Canal Prioritario', puesto en marcha hace siete años para solicitar la retirada urgente de contenidos sexuales o violentos que se publican en internet sin consentimiento de las personas que aparecen en ellos y evitar que esas imágenes se hagan virales. El afectado puede acudir pidiendo el amparo, sin perjuicio de que, cuando existan indicios de delito, los hechos se trasladen a la Fiscalía u otras autoridades competentes.