Inspección de Trabajo no puede entrar a un domicilio para analizar las condiciones en las que se desarrolla la actividad, pero a partir de este viernes, 14 de noviembre, podrá exigir un informe con la evaluación de los riesgos laborales a los que se enfrentan las trabajadoras de la limpieza, cocineras, jardineras o aquellas que cuiden a personas mayores o niños.
Este análisis se realiza desde la web Prevención 10. Se trata de un cuestionario sobre, por ejemplo, los productos químicos utilizados para limpiar, si se dota de guantes o si las fuentes de calor están alejadas de los materiales combustibles o inflamables. Una vez que el empleador lo cumplimente, se generará un Plan de Prevención con soluciones para minimizar o eliminar los riesgos. Empleador y empleada deberán firmarlo. Una copia será entregada a la trabajadora y otra deberá estar en el domicilio por si fuera solicitada en alguna inspección laboral. De no presentarse, las multas podrán ser desde los 45 euros y hasta los 49.000 euros.
Debido al aluvión de solicitudes, la web está teniendo algunos problemas. Eduardo Isla, abogado laboralista, ha hecho este jueves un llamamiento a la calma y a la paciencia en el programa Buenos Días de Aragón TV: "Mientras la plataforma no funcione, los empleadores no pueden ser sancionados. El principio de culpabilidad, que rige un procedimiento sancionador, es que el empleador no haya querido rellenar el formulario. Cuando se solucione tendrá que rellenarlo".
El Gobierno reconoce este derecho a la salud laboral de las trabajadoras del hogar, después de aprobar el derecho a cobrar el paro o la indemnización por despido improcedente. Pueden beneficiarse de ellos 348.000 empleadas afiliadas a la Seguridad Social (el 87 % mujeres). Sin embargo, para una de cada tres empleadas del hogar, estos avances se quedan lejos porque no están dadas de alta. Oxfam cifra el número total en 565.000 mujeres, el 67 % extranjeras o con la doble nacionalidad.