La portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, ha explicado este martes que la regularización extraordinaria de migrantes que el Ejecutivo central ha pactado con Podemos permitirá a los extranjeros en situación irregular solicitar la regularización entre principios de abril y el 30 de junio de este año. El acuerdo ha sido aprobado este martes en Consejo de Ministros.
En una entrevista concedida a La 1, recogida por Europa Press, Elma Saiz ha indicado que "hoy se da el pistoletazo de salida" a un proceso "complejo" y que "ha sido además muy trabajado", que iniciará "todos los trámites para que, más o menos, a mediados, a principios del mes de abril, se puedan iniciar de facto todas las tramitaciones, todas las solicitudes, hasta el 30 de junio, con garantías, de manera ágil, de manera eficaz".
Según ha destacado Saiz, este martes es un día "histórico" porque lo que se está haciendo es "reconocer, dignificar, dar garantías, oportunidades y derechos" a personas que ya están en España. Preguntada por los derechos que tendrán las personas migrantes, la ministra ha señalado que, desde que se hace la solicitud, "habrá un plazo no más de 15 días para que sea admitida a trámite". "Y, desde ese momento de la admisión a trámite, ya van a poder trabajar en cualquier sector, en cualquier lugar del país", ha afirmado.
"Somos muy conscientes de que el empleo y la familia son dos anclajes fundamentales", ha declarado, al tiempo que ha añadido que esta medida también "va a dar derechos a esos menores que están con los titulares para que tengan esa regularización de su situación".
Tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Saiz ha insistido en que supone "no mirar para otro lado". "Dignificar y reconocer a las personas que están ya en nuestro país, es lo que hacemos cuando damos oportunidad a la gente de vivir con igualdad de derechos y oportunidades que es lo que representa este proceso de regularización. Dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en nuestra convivencia y también en nuestra economía", ha defendido.
Esta regularización extraordinaria ha sido acordada con Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, lo ha valorado positivamente como un avance. "Tener a la gente sin papeles es la esclavitud del siglo XXI. Es el mecanismo que ha encontrado el capitalismo para poder explotar a unas personas que vienen a este país en busca de una vida mejor. Pienso en las personas que está descargando camiones en Mercamadrid por unos euros".
Impacto real "positivo"
Respecto al impacto social de la medida, la ministra ha señalado que son estimaciones, pero que está en torno al medio millón de personas. "El impacto real positivo de la migración en nuestro país lo constatamos todos los días. Saben que el 14 % de los afiliados son extranjeros, con lo cual es indiscutible ese aporte positivo de la migración al conjunto de la sociedad y también en términos económicos. ¿Por qué no reconocerlo?", ha agregado.
Sobre las razones por las que han optado por tramitar esta medida por la vía de urgencia sin necesidad de pasar por el Congreso, la ministra considera que "es importante que la sociedad sepa" que hay "herramientas". "Estamos hablando de una modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería, respetando absolutamente el marco constitucional y el marco de nuestra pirámide normativa", ha asegurado.
En cuanto a la posición del PP, la ministra ha declarado: "La disyuntiva que tiene el Partido Popular es clara. ¿Está con la sociedad? ¿Está con la Iglesia Católica? ¿Está con la CEOE que pone en valor esta medida o está con Vox? Esa es la pregunta que hay que hacer al Partido Popular?, ha planteado.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han recalcado que la medida se dirige a solicitantes de protección internacional que hubieran presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025 y a personas que llevaran un mínimo de cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025.
Otro de los requisitos, según han informado, será no contar con antecedentes penales ni suponer una amenaza para el orden público, conforme al Estado de Derecho. Igualmente, han indicado que la permanencia en España podrá acreditarse con cualquier documento público, privado o una combinación de ambos.
En cuanto a la autorización, han señalado que será de residencia con permiso de trabajo, válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector. La autorización inicial tendrá una vigencia de un año y permitirá la incorporación posterior a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería.