La ley regulará las 'deepfakes' y el uso perjudicial de la IA sobre particulares
El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que incluye la manipulación de imágenes con IA como delito contra el honor y regula el consentimiento de uso de la imagen
El uso y difusión de imágenes o voces manipuladas sin consentimiento a través de la Inteligencia Artificial, las conocidas como 'deepfakes', serán contempladas como delito. El Gobierno ha aprobado este martes el anteproyecto de ley del derecho al honor y a la intimidad personal que incluye los deepfakes (ultrafalsificaciones y manipulación de imágenes) como delitos contra el honor, y refuerza además el consentimiento en el uso y difusión de la propia imagen.
Además, se establece que compartir imágenes personales en una red social no supone que terceros puedan usarlas en otras redes o canales de difusión, es decir, el consentimiento está limitado a la red social en la que se sube dicha imagen. Asimismo, se establece en 16 años la edad en la que se puede prestar consentimiento para facilitar la imagen propia, ampliando de esta forma la protección a los menores.
La norma regula también los casos de las personas ya fallecidas, ampliando las personas que pueden ejercer el derecho sobre su imagen en nombre de ellas.
El Ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado, además, una nueva regulación para los denominados 'true crimes' (vídeos o podcast que narran casos de crímenes reales) con el objetivo de dar mayor protección a las víctimas de estos delitos. De esta forma, se considera injerencia en el derecho a la protección del honor si el agresor o culpable del crimen obtiene algún tipo de rendimiento económico o proyección personal con ese 'true crime'.
Si el afectado por el uso de IA es una persona con proyección pública, se protege la libertad de expresión siempre y cuando estas técnicas se usen en un contexto creativo, satírico o de ficción y se indique que se está utilizando esta tecnología.
Asimismo, la norma establece unos criterios para calcular las indemnizaciones y fija los criterios para que los jueces ponderen la gravedad de las intromisiones: repercusiones sociales, reincidencia, gravedad de las expresiones empleadas, etc. A partir de estos criterios, se determinará la indemnización correspondiente al daño moral, que no podrá tener carácter simbólico.