Las falsas amenazas de bomba pueden acarrear penas de cárcel y obligar a indemnizar los daños ocasionados
La Policía Nacional activa protocolos de seguridad y deja de estar disponible para otras situaciones de emergencia

El aviso puede ser falso, pero sus consecuencias son reales: activa protocolos de seguridad, moviliza a las fuerzas policiales y puede obligar a interrumpir servicios como el tráfico ferroviario, tal y como ocurrió en la estación de Delicias de Zaragoza el pasado 12 de noviembre, cuyo autor ya ha sido detenido.
La Policía Nacional recuerda que este tipo de engaños no son una broma, sino un delito. Concretamente, está tipificado en el Código Penal en el artículo 561 como un delito de desórdenes públicos. "Se malgastan todos los servicios públicos que no pueden estar en otros lugares donde son realmente necesarios", recuerda Beatriz Gambón, portavoz de la Policía Nacional en Zaragoza. Por ello realizan un llamamiento a la responsabilidad a la ciudadanía.
Simular una situación de peligro puede salir caro. La legislación contempla penas de entre tres meses y un año de prisión o multas de hasta 18 meses. Sin embargo, las consecuencias económicas pueden ir más allá de la sanción penal.
Según explica el abogado Francisco Berenguer, a la persona que realiza una falsa denuncia se le podría reclamar, en vía de responsabilidad civil y dentro del procedimiento "todos los gastos en los que haya podido incurrir al Estado a través de las fuerzas de seguridad, servicios de emergencia, servicios de rescate o desactivación de explosivos".
A estos costes podrían sumarse las indemnizaciones derivadas de los daños producidos empresas y particulares afectados por la falsa amenaza.
