Querella de exmagistrados del Supremo y exfiscales contra Juan Carlos I por cinco delitos contra Hacienda
Alegan que la Fiscalía informó al rey emérito de que tenía una investigación abierta y de que los delitos fiscales no habían prescrito
Magistrados jubilados del Tribunal Supremo, fiscales anticorrupción retirados y varios intelectuales han presentado una querella criminal conjunta contra el Rey Juan Carlos I ante la sala segunda del Supremo por cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública. Los exmagistrados han reflejado en el escrito que cinco delitos fiscales cometidos por el rey emérito entre 2014 y 2018 no habrían prescrito, y sostienen que la Fiscalía mantuvo informado a Juan Carlos de que se le había abierto una investigación por la existencia de infracciones tributarias.
"El Ministerio Fiscal cuando comunica a un investigado la apertura de una Diligencias de Investigación en la que existen datos de actividades irregulares con relevancia tributaria, nunca puede tener un conocimiento pormenorizado de los datos que avalan una posible infracción tributaria porque se trata de una información de la que solo puede tener conocimiento la Agencia Tributaria una vez concluido el expediente sancionador que cierra el paso a la posibilidad de una regularización", se lee en el texto.
Los querellantes solicitan la declaración de Juan Carlos I y que comparezcan como testigos personas físicas, como su familiar Álvaro de Orleans Borbón, Arturo Fasana y Dante Canónica, y representantes legales de las entidades societarias que aparecen en el texto.
Así, entienden los querellantes "que los efectos de la regularización de la situación tributaria (...) se han aplicado indebidamente" porque "no concurren los requisitos legales previstos para que pueda aplicarse la excusa absolutoria que lleva aparejada una regularización correcta".
La querella recuerda que al haber utilizado el emérito fundaciones (Zagatka y Lucum) con sedes en Liechtenstein y en Suiza, se entiende que se armó un entramado "para ocultar o dificultar la determinación de la cuantía defraudada", por lo que se está ante la modalidad agravada del delito que establece penas de dos a seis años de cárcel por cada delito y ubica la prescripción a los 10 años.
Los querellantes, cuya representación legal ostenta el exmagistrado y ahora abogado José Antonio Martín Pallín y el letrado Eduardo Ranz, hacen un repaso de las investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción sobre el emérito que acabaron siendo elevadas a la Fiscalía del Supremo en noviembre de 2020.
Los querellantes señalan que dan este paso movidos por "la defensa del interés general" al entender que existen delitos contra la Hacienda Pública "que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal (...) sino también los principios de igualdad y de solidaridad, además de obligaciones legales y éticas exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitucional, en este caso la Jefatura del Estado".
"Sea cual sea el resultado del presente escrito, los querellantes solo tenemos el propósito de potenciar el valor superior de la justicia, los principios generales del Estado de derecho y en este caso, la igualdad ante la ley", defienden.
La querella contra Juan Carlos I se interpone, además de en nombre de Martín Pallín y de Ranz, por Carlos Jiménez Villarejo, José María Mena Álvarez, Javier Pérez Royo, Miguel Mora Díaz, Josep Ramoneda Molins, Blanca Rodríguez Ruiz, Joaquín Pablo Urías Martínez, Santiago Alba Rico, Pilar del Río Sánchez y Clemente Auger Liñán.