Una "entrada abrupta" de los centros de datos en el sistema eléctrico tendría "consecuencias indeseadas" sobre el precio de la electricidad
La memoria del proyecto de real decreto para regular las instalaciones el Gobierno advierte también del aumento de emisiones de CO2 si en 2030 se alcanzaran 10 gigavatios de potencia instalada
El Gobierno advierte de que una "entrada abrupta" de centros de datos en el sistema eléctrico sin un marco regulatorio podría plantear desafíos para la seguridad de suministro, y tendría "consecuencias indeseadas" sobre los precios de la electricidad y las emisiones de CO2 al necesitarse "inevitablemente" más ciclos combinados de gas. En concreto, la entrada de 10 gigavatios (GW) de potencia instalada de centros de datos en 2030 supondría, en comparación con la entrada de 1 GW, un aumento de los ciclos combinados (un 107 % más), del coste variable total de generación (un 200 % más) y de las emisiones de CO2 (un 65 % más), según la memoria del proyecto de real decreto sobre requisitos de sostenibilidad para esta industria.
Una vez analizadas las alegaciones al primer texto, el Ejecutivo remitió la semana pasada su nueva propuesta normativa sobre centros de datos al Consejo de Estado para que este emitiera su dictamen preceptivo con carácter urgente, no más tarde del 5 de noviembre. Así pues, el plazo expira este jueves.
Más gas para cubrir la demanda
La memoria, consultada por EFE, determina que como consecuencia del perfil de carga asociado a esta tipología de consumo, se necesitará "inevitablemente" (en ausencia de un marco regulatorio que lo corrija) un mayor respaldo del funcionamiento de los ciclos combinados en los momentos de menor generación renovable.
El incremento de las horas de funcionamiento de estos ciclos -que emplean gas para producir electricidad, lo que eleva su coste- traería consigo un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero así como una subida de los precios de la electricidad. Y es que, añade el texto, estos "internalizarían el precio del gas natural y de los derechos de emisión necesarios para el funcionamiento de los grupos térmicos de generación convencional".
"Un incremento desproporcionado de demanda eléctrica sin ordenación y sin acompañar de un adecuado despliegue de renovables y almacenamiento puede tener efectos perniciosos sobre el sistema eléctrico y el resto de consumidores en términos de coste, de seguridad de suministro y aumento de la dependencia del gas", avisa.
Seguridad de suministro
Mención aparte dedica la memoria a cómo podría afectar la irrupción de los centros de datos a la seguridad del suministro eléctrico, pues esta demanda "presionará inevitablemente al alza las situaciones de escasez" a las que tendrá que enfrentarse el sistema.
"Es razonable concluir que, de materializarse los más de 12 GW de centros de datos con permisos ya otorgados, la seguridad de suministro del sistema eléctrico español podría resultar comprometida", sostiene el documento.
¿En qué consiste el real decreto?
La propuesta de real decreto mantiene elementos clave del primer borrador, pero da flexibilidad a las empresas en los tiempos para poner en marcha las medidas y otorga más plazo a las gigafactorías de IA europeas para vincularse a instalaciones renovables que provean, al menos, el 80 % del consumo de la infraestructura.
De no incorporar ningún cambio, los centros de datos con más de 10 megavatios (MW) de potencia eléctrica deberán consumir mayoritariamente energía limpia hasta que el 'mix' del país sea un 90 % renovable, mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo (PPA, en el argot).
Podrán contratar el suministro con instalaciones renovables operativas desde 36 meses antes de la puesta en marcha del centro de datos -o sin límite de tiempo cuando se trata de instalaciones solares-, con contratos de, al menos, seis años de duración.
Para cumplir estos requisitos de correlación horaria y adicionalidad de renovables, tendrán dos opciones. La primera, justificar desde el primer momento un 80 % del consumo hora a hora, como ya establecía la propuesta sometida a información pública.
La segunda, acogerse a un régimen transitorio de cinco años máximos hasta llegar al 80 % de correlación en los que participarán en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), que permitirá al operador del sistema eléctrico, Red Eléctrica, desconectarlos en caso de necesidad.
Deberán cumplir los requisitos para participar en este procedimiento, que a diferencia de otros no es retribuido, y serán la primera tipología de instalaciones en ser desconectada.
La norma continúa sin convencer a esta industria. De hecho, la directora ejecutiva de SpainDC, Begoña Villacís, ha dicho recientemente que el documento "está firmando la muerte del sector a sabiendas de lo que está haciendo".