El Gobierno firma la subida salarial para los funcionarios hasta 2028 solo con UGT y CSIF
El sindicato CC. OO. no ha rubricado el acuerdo, que recoge un incremento acumulado del 11 % entre 2025 y 2028 para 3,5 millones de empleados de la función pública
El Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF han firmado este jueves el acuerdo para los empleados públicos para el periodo 2025-2028 con una subida acumulada del 11 %, un pacto que no ha suscrito CCOO, que se adherirá más adelante, según el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.
El acuerdo comienza con una subida del 2,5 % para este 2025 para los 3,5 millones de empleados públicos que se prevé abonar con carácter retroactivo desde enero en la nómina del próximo mes de diciembre.
A la subida para este año le seguirá otra del 1,5 % para 2026, a la que se sumará otro 0,5 % variable, que se cobraría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo si el índice de precios de consumo (IPC) iguala o supera el 1,5 % a cierre de año.
Para 2027, la subida salarial se queda en el 4,5 %, en tanto que para 2028 será del 2 %, mientras que en materia extrasalarial, el acuerdo elimina la tasa de reposición que limitaba la sustitución de efectivos en la Administración, entre otros cambios.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha destacado en la firma que el acuerdo representa el triunfo de la voluntad de consenso gracias al diálogo social, "la mejor herramienta para avanzar". "España funciona cada día en los centros de salud, las aulas, la seguridad ciudadana, la justicia, la protección social o en la respuesta a emergencias como la del pasado verano gracias al compromiso de los empleados públicos y su labor decisiva para sostener la cohesión social", ha incidido Sánchez.
La negociación arrancó a principios de mes y se ha intensificado este semana con la resistencia de los sindicatos a aceptar una subida máxima del 4 % entre este año y el que viene, un requisito impuesto por el Gobierno que quería dejar el alza del 7 % restante para la segunda parte del periodo.
Este ha sido el principal escollo de las negociaciones y, pese a ese 0,5 % adicional que tendría efectos desde el 1 de enero de 2026, el motivo por el que CC. OO. no lo ha suscrito de momento.