El Gobierno da el primer paso para modificar la ley de enjuiciamiento criminal

El Gobierno central aprobará este martes en el Consejo de Ministros la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que modificará detalles de la anterior que data de 1882. Supondrá la mayor reforma del proceso penal en España hasta la fecha y el cambio fundamental que incluye es que la instrucción pasará de jueces a fiscales, aunque siempre habrá un juez de garantías que será quien autorice cualquier medida cautelar, como la petición de ingreso en prisión. 

La nueva norma amplía la duración del mandato del fiscal general a cinco años para que no coincida con la legislatura y define las reglas y garantías para investigar y enjuiciar delitos. Se crea la figura del juez de garantías que será quien controle determinados aspectos del proceso. Una vez que finalice la investigación, será un segundo juez el que decida si se abre finalmente juicio oral y un tercero juzgará los hechos. La experta en derecho penal de Reicaz, Beatriz García Boldova, ha asegurado en Aragón Radio que "tiene lógica que el Ministerio Fiscal sea quien investigue y se deje al juez la labor de juzgar, algo que ya tiene asumido la Fiscalía de Menores". 

La ley de 1882 lleva cerca de 80 reformas, pero "es una norma preconstitucional", ha señalado Boldova. El problema de esta ley "no es tanto lo que dice sino los medios que otorguen para ponerla en marcha", ha asegurado. Una reflexión en la que ha abundado el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Felipe Zazurca ha incidido en que lleva 40 años en la profesión y todo este tiempo ha escuchado la posibilidad de que la instrucción "recaiga en los fiscales", pero se ha mostrado escéptico por los recursos materiales y humanos que exigiría esta modificación: "Ahora mismo no cabe, porque exige un gran despliegue material y personal. En este momento no estamos en condiciones, pero supongo que algo habrá previsto para multiplicar el número de fiscales y funcionarios, que ya son insuficientes. Llevamos 15 años sin que se amplíe la plantilla". 

Zazurca ha recordado que los principios esenciales de la Constitución son "el principio de imparcialidad y legalidad", pero ha insistido en que "orgánica y estructuralmente habría que modificar las garantías de imparcialidad del Ministerio Fiscal, como que el hecho de que el fiscal general del Estado sea el último escalón en esa formación piramidal, que por encima no haya nadie que dé indicaciones". 

El proyecto, que entraría en vigor en enero del año 2028, influye también a la acusación particular y quedan fuera personas jurídicas, asociaciones que dependen de partidos o sindicatos y partidos políticos. Boldova considera que "es una buena medida" porque, a su juicio, supone desvincular los procesos judiciales de los intereses políticos. 

La finalidad que se persigue, según el Ejecutivo, es modernizar el proceso final para crear una administración de justicia del siglo XXI, haciéndola más ágil y más eficaz. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado que persigue adaptar el modelo español al europeo, de modo que "los jueces estén para juzgar y ejecutar lo juzgado y la investigación la lleve la Fiscalía". Se trata, según ha defendido, de "una reforma también necesaria y más garantista", en la que "un juez de garantías será quien decida, revoque o confirme las decisiones que tome el Ministerio Fiscal en la investigación penal".