El Gobierno aprueba el protocolo para reubicar a 3.000 menores migrantes no acompañados
El sistema que ha salido adelante este martes se activará previsiblemente a finales del mes de agosto
El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al protocolo que regulará el traslado de menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo prevé que este sistema de reubicación comience a finales de agosto.
La medida aprobada establecerá el procedimiento a seguir para reubicar alrededor de 3.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias, Ceuta y Melilla hacia otras comunidades autónomas. Dicho reparto está previsto que se ponga en marcha en aproximadamente un mes.
El Real Decreto recoge las actuaciones que deberán llevar a cabo las comunidades tanto de origen como de destino. (se abre en una nueva ventana)La medida establece que la ejecución de esa reubicación corresponderá a la comunidad o ciudad de origen, pero dispondrá del apoyo de la Administración General del Estado. Además, establece un plazo de 15 días para trasladar a esos menores cuando lleguen a zonas donde exista una mayor presión migratoria.
La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha recordado al Partido Popular la obligación de cumplir la ley. "Me niego a pensar que las comunidades autónomas del PP cometan una ilegalidad y que, sobre todo, se comporten de una forma tan inhumana". Alegría ha añadido que: "Somos perfectamente conscientes de que se sienten muy cómodos en este discurso de racismo y de odio hacia estos niños, pero ahora tienen la obligación de cumplir la ley".
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha calificado ese traslado de menores extranjeros de "injusto" (se abre en una nueva ventana)y rechaza los criterios de reparto. Considera que se beneficia a Cataluña, mientras que comunidades como Aragón salen "perjudicadas".
Azcón asegura además que es materialmente imposible habilitar alojamientos para esos menores en un mes. Calculan que llegarían 251 a la Comunidad. "No es factible técnicamente habilitar alojamientos en el plazo en el que el Gobierno de España pretende hacerlo", ha señalado el presidente del Ejecutivo aragonés. "El propio Gobierno de España ha sido incapaz de hacerlo con la obligación que tiene por parte del Tribunal Supremo de acoger a 1.000 menores y de darles el alojamiento", ha explicado.