El fiscal general del Estado se sienta este lunes en el banquillo por la presunta filtración sobre la pareja de Ayuso
A Álvaro García Ortiz se le atribuye un delito de revelación de secretos por la filtración de un correo en el que el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, reconocía que este había defraudado dinero a Hacienda
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se sentará este lunes en el banquillo(se abre en una nueva ventana) por un presunto delito de revelación de secretos en la causa contra el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un juicio sin precedentes en España. Las acusaciones piden para García Ortiz hasta seis años de cárcel y 12 de inhabilitación.
García Ortiz comenzó a protagonizar titulares hace ocho meses, cuando el Tribunal Supremo empezó a investigarle por un supuesto delito de revelación de secretos en la causa contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Se trata de un correo de febrero de 2024, en el que el abogado de Alberto González Amador reconocía dos delitos fiscales y le ofrecía llegar a un pacto con la Fiscalía.
El juez Hurtado ve indicios de que fue el fiscal quien filtró dicho correo y quien dio publicidad a esta información confidencial, algo que este negó en sede judicial.
En sus dispositivos electrónicos no se encontraron mensajes, ya que se había borrado todo el contenido. García Ortiz aseguró que es un protocolo habitual, pero el juez lo considera una evidencia de la eliminación de pruebas.
El fiscal defiende su inocencia. "Creo en la justicia y en las instituciones que la conforman", ha llegado a decir.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respalda al fiscal. "Creemos en su inocencia", ha dicho. También ha recibido el apoyo de los miembros del Ejecutivo central: "Toda la confianza hacia el fiscal general del estado", ha aseverado Pilar Alegría, portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.
La defensa del García Ortiz acusa al juez de no tener pruebas, mientras que las acusaciones piden entre cuatro y seis años de cárcel y hasta 12 de inhabilitación.
García Ortiz ha sido reprobado por el Senado, y el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), determinó que no era idóneo para el cargo por su cercanía con el Gobierno(se abre en una nueva ventana).
Es el primer fiscal general del Estado en sentarse en el banquillo.