Ábalos y Koldo regresan este lunes al Supremo para declarar sobre las presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública
Santos Cerdán deberá acudir al Supremo el próximo día 30. El juez del Supremo ve en la causa indicios de delitos de organización criminal y cohecho
El exministro de Transportes José Luis Ábalos y quien fuese su más estrecho asesor, Koldo García, regresan este lunes al Tribunal Supremo tras los últimos indicios recabados por la Guardia Civil, que les implican en presuntas adjudicaciones irregulares de obra pública y en un supuesto reparto de mordidas. Será la segunda vez que comparezcan ante el juez Leopoldo Puente que ya lo hicieron hace meses, cuando la causa se ceñía esencialmente al posible cobro de comisiones en relación a contratos de mascarillas en pandemia.
Los últimos hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han hecho que la causa escale al posible amaño de contratos de obra pública y al presunto cobro de contraprestaciones económicas que también ha salpicado al ex número 3 del PSOE Santos Cerdán, citado como investigado el 30 de junio.
Creen los investigadores que Ábalos y Koldo actuaron en favor de las constructoras Acciona, LIC y OPR para "la obtención, presuntamente fraudulenta, de contratos de obra pública", y que eso les habría generado una contraprestación económica. La Guardia Civil apunta en su informe que Ábalos y Koldo habrían percibido, presuntamente, de Acciona 620.000 euros, que habrían sido gestionados por Santos Cerdán. Según Koldo, quedarían 450.000 euros pendientes de cobro.
Posible valoración de medidas
El juez del Supremo ve en la causa indicios de delitos de organización criminal y cohecho, que ya pesaban contra Ábalos y Koldo (junto al de tráfico de influencias), y por el que ya tienen en su haber medidas cautelares ya que no pueden salir del país y deben comparecer ante el juzgado cada quince días. Las acusaciones populares, que coordina el PP, estudian si solicitan endurecerlas, sin descartar la prisión.
El informe de la UCO "se nutre" de conversaciones grabadas por Koldo entre 2019 y 2023, que discurren sobre "la persecución del pago de presuntas contraprestaciones económicas adeudadas tras la adjudicación de obra pública".