El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma del subsidio por desempleo acordada con los sindicatos pero sin el beneplácito de la patronal. Entre las novedades, un aumento de la prestación y la posibilidad de trabajar y cobrar el paro a la vez. Los desempleados que perciban una prestación no contributiva pasarán de cobrar los 480 euros actuales a 570; unos 90 euros más, los seis primeros meses. Los siguientes cobrarán 540 euros y 480 el resto del periodo.
Junto a esto se mantiene la cotización por jubilación de los perceptores mayores de 52 años en el 125% de la base mínima vigente para cada momento, algo que se intentó recortar en la primera reforma y que provocó el rechazo de Podemos y su voto contrario a la modificación en sede parlamentaria.
Además, se permite el acceso al subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, a los trabajadores eventuales agrarios, a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares.
Como novedad se extiende el subsidio a las víctimas de violencia de género y a los emigrantes retornados y se equipara las cuantías de los subsidios causados por personas con contrato a tiempo parcial con los de tiempo completo, lo que beneficia principalmente a las mujeres.
La reforma permitirá cobrar el subsidio mientras se trabaja por cuenta ajena, una compatibilidad con el empleo que se extiende a la prestación contributiva de desempleo a partir de 2025, una vez transcurrido el primer año del cobro de la prestación y siempre que el salario percibido no supere los 18.900 euros brutos anuales.
Otra modificación que se ha llevado a cabo, elimina el supuesto de extinción automática de contratos de trabajo para los invalidez permanente. A partir de ahora se condiciona esa extinción a la voluntad de trabajador, a la posibilidad de adaptar su puesto o a acceder a otro puesto compatible con su nueva situación.
La medida se traslada ahora a las Cortes para su votación. En total el coste asciende a unos 10.000 millones de euros que salen de una partida de los fondos europeos.