La defensa de Begoña Gómez y la Fiscalía recurren la citación de Pedro Sánchez como testigo
Su abogado considera que no existe “el más mínimo indicio” que justifique tomar declaración al presidente del Gobierno y tilda la resolución judicial de “sorprendente”. El Fiscal no ve "pertinente" la citación
La defensa de Begoña Gómez ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que revoque su decisión de citar el próximo martes a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al no existir "el más mínimo indicio" que la justifique "más allá de la voluntad libérrima" del magistrado. La Fiscalia ha hecho lo propio
En su recurso, al que ha tenido acceso EFE, el letrado Antonio Camacho tilda de "sorprendente" la resolución judicial que acuerda interrogar al presidente del Gobierno en La Moncloa en el marco de una "singular línea de investigación" abierta por el magistrado.
Considera "inexistente" la fundamentación que hace el juez "de una diligencia tan trascendental, en un Estado de Derecho, como lo es la citación del Presidente de Gobierno" y pide al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid que reconsidere su decisión.
Si el juez la mantiene, se trasladará al complejo residencial de la Moncloa, en virtud de los artículos 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que, para algunos cargos públicos como el presidente del Gobierno, recoge la posibilidad de tomar declaración "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo" en su domicilio o despacho oficial.
La Fiscalía se pregunta qué se espera que declare Sánchez
Desde el ministerio publico consideran que la citación de Sánchez no es "necesaria, útil o pertinente". "¿Qué se espera que declare el testigo llamado sobre la actividad atribuida a su esposa?, ¿que sea la primera persona de los llamados que afirme esa influencia y prevalimiento?, ¿que la conocía o que participó?, ¿que colaboró?, ¿que fomentó la actividad?", se pregunta el fiscal en el recurso presentado este martes.
En su opinión, "la parquedad" de la resolución dictada, con "errores", por el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid no permite saber qué es lo que busca el juez con la declaración del presidente del Gobierno, y además su "premura" al adoptar la decisión dificulta la tramitación de los recursos que podrían combatirla.