Nueva reforma de salud mental: los ingresos involuntarios solo se harán por urgencia vital y si se han agotado antes todas las alternativas

La nueva reforma de salud mental, que entró en vigor hace una semana, ofrece más garantías ante los ingresos involuntarios, que suponen entre el 20 y el 30 % de las hospitalizaciones. Desde el Ministerio de Sanidad aseguran que solo se ingresará obligatoriamente a un paciente por urgencia vital y si se han agotado antes todas las alternativas. La ley cuenta con el respaldo de la Confederación de Salud Mental, pero ha generado dudas entre psiquiatras y familias. Sanidad ha abierto una consulta pública con la que elaborará un manual de recomendaciones.

Rosa Calleja padece trastorno límite de la personalidad, pero, hasta dar con ese diagnóstico, ha pasado por múltiples ingresos, la mayoría involuntarios. "Siempre ha sido por protegerme", asegura.

Esta paciente es ahora atendida en el centro de día de Arcadia en Huesca, desde donde piden que se respete la voz del paciente. "Aquí se te escucha, se te respeta y sé que cuando esté peor podré confiar en ellos porque tomarán la decisión por mí con el mejor de los criterios", confía Calleja.

Así, la reforma de la ley de discapacidad busca preservar los derechos del enfermo con un protocolo más riguroso. "Tiene que quedar por escrito que se han consultado las voluntades anticipadas, que antes de hacer un ingreso involuntario se han mirado otras alternativas menos dramáticas, si puede continuar su tratamiento en una unidad de salud mental, si puede estar en un hospital de día o si hay algún recurso asistencial que no haga necesario el ingreso", ha detallado Juan Carlos Marco, presidente de la Sociedad Aragonesa y Riojana de Psiquiatría.

Para las familias, lo más importante es que no haya riesgos y prime la opinión médica. "Hablamos de situaciones puntuales que son complejas, en las cuales los profesionales que atienden a estos pacientes tienen que aplicar su criterio", ha subrayado el gerente de Asapme en Aragón, Alberto López.

"Y que quede todo bien reflejado para que no pueda haber ningún abuso en cuanto a los ingresos involuntarios", ha recalcado José Luis Barreu, presidente de la asociación de familias de personas con enfermedad mental.

Ahora el Ministerio creará una guía para saber cómo aplicarlo y tiene un año para desarrollar la norma.