El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) ha notificado a las plataformas digitales 700 pisos turísticos ilegales en Aragón para que retiren sus anuncios 'online', correspondientes a alojamientos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el 1 de julio, pero que no lo han obtenido al no cumplir los requisitos legales y figuran como revocados.
De estos inmuebles, 355 se concentran en la provincia de Huesca, 200 en Teruel y 145 en Zaragoza.
Por capitales de provincia, Zaragoza es la que acumula más solicitudes revocadas con 131, seguida de Teruel con 38 y Huesca con ocho.
Entre los municipios con mayor número de revocaciones, además de la capital aragonesa, se encuentran Jaca (104), Teruel (38), Sallent de Gállego (31) y Mora de Rubielos (24).
Desde agosto, registradores, Ministerio y plataformas comparten información a través de la Ventanilla Única Digital(se abre en una nueva ventana), lo que permite identificar anuncios sin código y garantizar la retirada de los ilegales. Desde el 1 de enero, el registro ha recibido 336.497 solicitudes en todo el territorio, de las cuales 264.998 (78,75 %) corresponden a alquileres turísticos. Hasta la fecha, se han revocado 53.786 solicitudes en España, lo que representa el 20,3 % del total.
La Comunidad de Madrid destaca por un patrón distinto, ya que el 83 % de los registros se han solicitado como temporales y solo el 17 % como turísticos, y de las 3.513 solicitudes de alquiler turístico más de un tercio han sido revocadas.
Según el Ministerio, una solicitud revocada indica que el Colegio de Registradores ha recibido la petición, pero esta contenía datos incompletos o incumplía la normativa y no se subsanó en el plazo previsto.
Con estas medidas, el Ministerio busca preservar la función social de la vivienda, combatir los pisos turísticos ilegales y evitar que desplacen a familias de sus barrios o afecten al urbanismo de las ciudades. España, recuerdan fuentes del Ministerio, se convirtió en el primer país de Europa en implementar un Registro único de alojamientos temporales con el objetivo de acabar con el fraude en los alquileres turísticos.