El error por la introducción de un '6' en la orden de pago a un albañil que realizó unas obras para el Ayuntamiento de Castejón de Alarba (Zaragoza) en abril de 2023 hizo que el obrero cobrara 60.560 euros en lugar de los 6.050 que le correspondían. Después del error por parte del secretario municipal y el entonces alcalde de la localidad, el profesional se negó a devolver los más de 54.000 euros, por lo que ha acabado sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza (APZ) por un delito de apropiación indebida.
"A mi se me fue el dedo, fue un error de transcripción", ha manifestado esta semana el secretario municipal de Castejón de Alarba, un municipio que no llegaba a los 80 habitantes en 2024 y que pertenece a la comarca de la Comunidad de Calatayud. Un error de 54.510 euros que llegó a firmar dos veces, tanto en la orden de pago como en el mandato de transferencia que se hizo en la entidad bancaria, a la que acudieron el alcalde y el propio albañil.
El trabajo que se realizó fue el levantamiento de un muro de contención a principios de 2023. "Es muy difícil encontrar empresas para poder hacer obras en esta zona y, en el caso de que acepten, muchas veces se van cuando se hace efectivo el plazo de tiempo y se quedan las obras sin terminar", ha explicado ante el tribunal de la Sección Sexta de la APZ el secretario municipal, quien asume el error. Octavian I. B., el obrero a cargo de la construcción del muro y acusado por un presunto delito de apropiación indebida agravada, ha señalado que llevaba haciendo trabajos para el Ayuntamiento de Castejón de Alarba desde el 2022.
El profesional ha señalado que se quedaba siempre "corto" con el presupuesto que le daba el Consistorio para las obras y por eso "tenía que poner dinero" de su bolsillo para finalizar los trabajos o bien para comprar herramientas. Esta habría sido la razón, según el acusado, por la que se habría quedado con los más de 54.000 euros pagados por error. "Pensaba que ese era el dinero que me debía el alcalde de deudas de obras atrás", ha señalado. Unas presuntas deudas que legalmente no han quedado acreditadas.
La transferencia se hizo efectiva en las cuentas de Octavian I. B. poco después de realizar la obra y, tal y como manifestó este martes en el juicio, el Consistorio de Castejón de Alarba no se percató del error hasta "dos semanas después". El acusado ha reconocido "ser consciente de que se trataba de una equivocación" durante la vista oral, aunque también apuntó a que no había devuelto el dinero porque se lo "deben".
"Le pedimos un montón de veces que devolviera el dinero, tanto de palabra como por teléfono, hasta que ya pusimos dos denuncias en la Guardia Civil", ha asegurado el entonces alcalde del municipio. Antes de llegar a los juzgados, desde el Ayuntamiento se intentó solucionar la cuestión llegando a un acuerdo por el cual se trataría de justificar el pago si el mismo albañil se encargaba de futuras obras pendientes de llevar a cabo en el pueblo a modo de alternativa.
El acusado, que no se negó en un primer momento, nunca les dio una respuesta clara y durante el juicio ha manifestado que rechazó la oferta porque le iba a suponer "más gastos". El nuevo alcalde resultante tras las elecciones municipales de 2023(se abre en una nueva ventana) también denunció al albañil tras conocer lo sucedido. Antes de llegar a la Audiencia Provincial, el Juzgado de Calatayud atribuyó una fianza de 20.000 euros que nunca se la llegó a pagar.
Durante los informes, el Ministerio Fiscal no ha dudado de que lo sucedido se trata de un delito de apropiación indebida por el que pide tres años de prisión para el albañil acusado, así como la devolución de los más de 54.000 euros de los que presuntamente se apropió a modo de responsabilidad civil. La acusación particular, en manos del letrado José Luis Blanco y que representa al entonces alcalde de Castejón de Alarba, ha solicitado hasta seis años de prisión.
La acusación popular, representada por el abogado Ángel Aznar Alonso, pide una pena de tres años de cárcel para el albañil al tratarse de un delito de apropiación indebida agravada. La cuarta parte en discordia, la defensa del acusado que representa la letrada Pilar de Bonrostro, ha exigido la absolución para su cliente, y en caso de condena, la pena mínima de tres meses de prisión.