Susín, ante la huelga en los centros de menores: "Respetamos sus demandas, pero no intervenimos"

Los trabajadores de los centros de menores de la Comunidad se reúnen con la patronal en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para negociar un convenio autonómico propio. Reclaman una mayor implicación del Ejecutivo aragonés, avances en prevención de riesgos laborales, una subida salarial y la reducción de la actual ratio de un trabajador por cada 11 menores. De no alcanzarse un acuerdo, los sindicatos han convocado una huelga el próximo 23 de octubre.

"La administración no interviene en las relaciones laborales entre las empresas y los trabajadores. Por supuesto que respetamos sus demandas, pero no intervenimos; el Gobierno de Aragón no formará parte de una mesa tripartita", ha señalado Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, en el programa 'Buenos Días' de Aragón TV.

Esta huelga se produce en un contexto marcado por la espera de la llegada de menores en virtud del decreto ley aprobado por el Gobierno central, un mecanismo impulsado a petición de Canarias por el que se derivará a unos 3.000 jóvenes desde las zonas más tensionadas, como este archipiélago o Ceuta, hacia otras comunidades autónomas. Una medida que el Gobierno de Aragón ha decidido recurrir.

"El Gobierno de España se sacó de la chistera ese real decreto en marzo, por el que se impone el reparto obligatorio de esos menores, excepto al País Vasco y Cataluña. Eso es lo que hemos recurrido en los tribunales las comunidades gobernadas por el Partido Popular y también Castilla-La Mancha, del Partido Socialista", señalaba Susín y añadía que este decreto "es injusto y arbitrario, en el momento en que excluye a dos comunidades autónomas".

Desde el Ejecutivo aragonés recuerdan que la ley obliga a crear 441 plazas de estructura para menores extranjeros no acompañados y que, en el reparto inicial, se establece que 251 menores deben llegar a la Comunidad. Actualmente, ya son 7 los menores que han llegado a Aragón.

Para hacer frente a esta situación, la consejería exige más información: "Queremos un informe detallado. Queremos conocer sus características, qué idioma hablan, qué necesidades tienen, si tienen alguna discapacidad. El primer menor que llegó venía reseñado como que tenía 17 años y, en realidad, tenía 11".

En cuanto a la ley de dependencia, desde el Ejecutivo autonómico destacan la mejora en las listas de espera durante los últimos tres años, con una media actual de 152 días. "Hemos dado la vuelta a las cifras de la dependencia", afirmaba Susín. "Cuando el PP llegó al Gobierno las listas estaban topadas; es decir, ni siquiera se daba acceso a las personas a solicitar su dependencia. Se creaba una lista de espera invisible", ha recordado la consejera.

Por último, la consejera ha querido hacer un llamamiento a las familias de acogida, recordando que la Comunidad es una de las dos que garantizan un hogar a todos los niños tutelados hasta los seis años(se abre en una nueva ventana): "Necesitamos más. Queremos seguir desinstitucionalizando para que los niños de mayor edad puedan vivir en familias y no en centros".