El PSOE pide regular los PIGAS que eximen a los centros de datos del impuesto municipal de construcción
Reclaman proteger a los ayuntamientos ante la pérdida de ingresos por la exención fiscal de estos macroproyectos al tramitarse como Proyectos de Interés General (PIGAS). Por su parte, el Gobierno asegura que cumplirá con la ley
La exención del pago del Impuesto de Construcciones, de la que gozan las empresas con proyectos declarados de interés general y tramitados en la categoría de Planes y Proyectos de Interés General de Aragón (PIGAS), ha centrado parte de la sesión del pleno de este viernes en las Cortes de Aragón.
De este impuesto, de ámbito municipal, quedan exentos los centros de datos cuando se les considera un Proyecto de Interés General de Aragón, lo que ha generado malestar en algunos municipios al perder una parte importante de su posible recaudación cuando un centro de datos se asienta en su territorio.
El PSOE ha pedido regular las condiciones con las que se atribuye la categoría de PIGAS y contribuir así a una mayor protección de los ayuntamientos. Consideran que las grandes obras de este tipo no deberían acelerarse a costa de los impuestos públicos.
Teresa Ladrero, diputada del PSOE, ha pedido al consejero de Fomento y Cohesión Territorial: "Le pido que compense los 800 millones de euros que usted, y no el Ayuntamiento, ha decidido quitar y eliminar para el beneficio de la empresa, que quizás y posiblemente, hubiese decidido instalarse del mismo modo". Ladrero también ha insistido en que debe ser el Ayuntamiento el que decida si quiere bonificar un macroproyecto tramitándolo como PIGAS o prefiere no hacerlo y que el proyecto pague el correspondiente impuesto de construcciones.
Octavio López le ha respondido que en los PIGAS, las construcciones no requieren licencia de obras, por lo que no están sujetos al pago del Impuesto de Construcción de ámbito municipal, y ha afirmado que hay una sentencia del Tribunal Supremo que así lo avala. Ha asegurado que, aunque el Gobierno de Aragón está a favor de que los ayuntamientos tengan autonomía para negociar con las empresas, los municipios deben tener claras las condiciones existentes cuando un gran proyecto se interesa por sus terrenos.
López ha subrayado que, lo que su Departamento hará a partir de ahora será "que quede claro antes de iniciarse un PIGA que el ayuntamiento quiere o no quiere que se instale la empresa", pero ha incidido en que, en caso de que el ayuntamiento esté a favor, la empresa se instalará en las condiciones determinadas por la ley; es decir, con esa exención del pago del Impuesto de Construcción. Si el ayuntamiento no quiere que una empresa se instale en su localidad, "habrá que negociar, y si la empresa opta por negociar con el ayuntamiento antes de establecerse, estaremos de acuerdo desde el Gobierno de Aragón", ha señalado el consejero.