CARTV

Aragón

Ocho detenidos y un empleador y una ETT investigados por explotación laboral

Los arrestados tienen entre 25 y 50 años. Se les acusa de diversos delitos durante la campaña de recogida de fruta de 2025 en la comarca del Bajo Cinca

Los trabajadores carecían de contrato, cobraban por debajo del salario legal, realizaban jornadas fuera de los límites y sin descanso. / Guardia Civil
Los trabajadores carecían de contrato, cobraban por debajo del salario legal, realizaban jornadas fuera de los límites y sin descanso. / Guardia Civil

Efectivos de la Guardia Civil(se abre en una nueva ventana) han detenido a ocho personas e investigan al empleador de una empresa frutícola y a una empresa de trabajo temporal en la comarca del Bajo Cinca, como presuntos responsables de diversos delitos en el marco de la campaña de recogida de fruta de 2025. Los arrestados, de entre 25 y 50 años y vecinos de la citada comarca y de Lleida, ha sido puestos en libertad con cargos, mientras que el empleador y la ETT investigados deberán comparecer ante la autoridad judicial cuando se requiera.

La operación, denominada "Congestio", ha permitido esclarecer cuatro delitos contra los derechos de los trabajadores, cuatro delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, cinco de usurpación de estado civil y uno de coacciones y amenazas. Las actuaciones se han desarrollado a lo largo de la campaña frutícola mediante un dispositivo continuado de vigilancia en diversas localidades de la comarca, informa el instituto armado en una nota de prensa.

Las investigaciones, iniciadas en mayo y avanzadas en julio, revelaron que una empresa frutícola había contratado a través de una ETT a numerosos trabajadores en situación irregular. Los empleados recibían instrucciones para ocultarse o abandonar su puesto en caso de inspección, mientras que algunos de ellos eran incorporados mediante suplantación de identidad.

Una persona actuaba como intermediaria entre los trabajadores, la empresa frutícola y la ETT, gestionando la documentación con conocimiento de todas las partes y, además, retenía documentación personal, cobraba cantidades de los salarios y prometía a las víctimas la obtención de papeles legales en España, lo que acrecentaba su situación de vulnerabilidad.

Los agentes comprobaron que los trabajadores carecían de contrato, percibían contraprestaciones económicas muy inferiores a las legales, realizaban jornadas que superaban los límites establecidos y carecían de descansos. Asimismo, eran alojados en viviendas sin condiciones higiénicas ni habitabilidad mínima, como constataron junto a los Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca.

tracking_pixel