Los municipios aragoneses cuentan con 1.755.359 euros procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género(se abre en una nueva ventana) para reforzar sus políticas para la erradicación de la violencia machista, unos fondos que pueden ejecutarse desde el 1 de julio hasta el 30 de junio de 2026, según recoge el BOE.
La cantidad destinada a los ayuntamientos aragoneses se ha incrementado un 132 % desde 2018, cuando fueron transferidos 755.329 euros, según ha informado este lunes la Delegación del Gobierno.
Por provincias, los municipios de Huesca tienen asignados 445.571 euros; los de Teruel, 470.573 euros; y los de Zaragoza, 839.215 euros.
Estos fondos se deben destinar a actuaciones dirigidas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y contra la violencia que se ejerce sobre estas.
Así, se contemplan actividades como campañas de sensibilización y prevención, establecimiento de puntos violeta, refuerzo de los servicios municipales de atención a las víctimas o formación especializada a profesionales de ámbito local en materia de igualdad y prevención de violencias machistas.
El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado en febrero de 2025 con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios salvo Vox, cuenta con una financiación de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años de vigencia.
De estos, 160 millones anuales se destinarán a las comunidades autónomas (un 60 % más que en 2017); 100 millones a la Administración General del Estado (20 millones más que en 2017); 40 millones para los ayuntamientos (un 50 % más que en 2017) y se establecen nuevas medidas para reforzar la trazabilidad y el control de los fondos.
También en el marco del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, la Conferencia Sectorial de Igualdad aprobó el pasado abril la distribución de 7,4 millones a Aragón para financiar programas de lucha contra la violencia de género y otras formas de violencia machistas incluidas en las medidas del Pacto.
A través de este fondo finalista, el Gobierno garantiza su compromiso económico para asegurar la estabilidad y permanencia de las políticas públicas y de los servicios que se derivan del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, consolidando el trabajo frente a la violencia contra las mujeres en el conjunto del Estado.