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Aragón

Los 600 trabajadores de 26 centros de protección de menores harán huelga si no se negocia su convenio

Los sindicatos señalan que los paros se llevarían a cabo durante cuatro días en septiembre y octubre si no se retoma la negociación de un convenio autonómico propio, que mejore las condiciones económicas y sociales de los trabajadores

Los representantes sindicales anuncian una huelga para exigir un convenio autonómico. / Aragón TV
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Los sindicatos del sector de protección y reforma de menores de Aragón van a endurecer las movilizaciones para reclamar un convenio autonómico para el sector que recoja mejoras salariales para los profesionales del mismo con cuatro jornadas de huelga sectorial anunciadas para las mañanas de los días 19 y 26 de septiembre, y 3 y 10 de octubre.

Así lo han anunciado este lunes en rueda de prensa en Zaragoza Angélica Mazo, secretaria de servicios públicos de UGT Aragón; María José Usán, representante de la Plataforma por un convenio aragonés de Reforma y Protección de Menores y miembro de CGT; Cristina del Pozo, representante sindical de CGT; y Félix Pérez, de CC. OO..

Antes de estas jornadas de huelga, a las que están convocados unos 600 trabajadores de todas las categorías de los 26 centros existentes en Aragón, llevarán a cabo, el próximo 11 de julio a las 10:30 ante la puerta del IASS, una asamblea abierta y en agosto realizarán la convocatoria de huelga para endurecer las movilizaciones que llevan a cabo desde hace unos meses para reclamar mejores condiciones laborales para un sector en continua formación que se siente abandonado tanto por las entidades y empresas que gestionan el servicio de los centros de menores, externalizado desde 2003, como por la propia administración, a la que acusan de "mirar hacia otro lado".

Mazo ha recordado que desde 2019, cuando se creó la Plataforma, intentan que las empresas gestoras de un servicio y dinero público se sienten en una mesa de negociación para poder abordar estas mejoras sin éxito y han denunciado que tengan beneficios de entre el 10% y el 15% sin que repercuta en los trabajadores que cada vez ven empeoradas sus condiciones. Desde 2019, "ningún gobierno ha puesto la solución para los profesionales", ha dicho Mazo

Ha recordado además que el pasado 17 de mayo Aldeas Infantiles e Ymca se sumaron a otras gestoras, como Ozanam, pese a que parecían dispuestas a sentarse a dialogar. Lo ha definido como "insólito" y de "tomadura de pelo", lo que les ha llevado a endurecer las movilizaciones y adoptar medidas de presión "más duras" porque el Gobierno de Aragón "no quiere saber nada" con la excusa de que el servicio está externalizado.

Una externalización que ha supuesto la pérdida del 50% del poder adquisitivo de los trabajadores desde el año 2003, ha añadido, al tiempo que ha recordado que el salario bruto de un educador social, una carrera de grado con formación complementaria "importante" y continua, es de 1.300 euros que queda en unos 1.000 euros netos, algo que ha calificado de "vergonzoso".

Los sindicatos inciden en que no es un conflicto entre empresas y trabajadores sino por la mejora de condiciones laborales de un sector que sitúa a Aragón entre las comunidades en las que peor se les trata frente a otras como Madrid, que ha acordado mejoras económicas para el mismo, o Cataluña, Galicia o País Vasco, que tienen un convenio autonómico con las peculiaridades de la región y que es el modelo que les gustaría replicar.

Usán ha incidido en la necesidad de hacer partícipe a la sociedad aragonesa de la situación de estos trabajadores (educadores, trabajadores sociales, mediadores, terapeutas, psicólogos...) que requieren una formación especializada y que acompañan a menores que requieren una atención continua, bien porque han sido retirados de las familias o han llegado al país sin compañía de ningún adulto o bien, en el caso de un centro, porque son chavales "en conflicto con la ley".

Del Pozo, por su parte, ha apuntado que la precariedad laboral conlleva mayor rotación de los profesionales, peor calidad del servicio y que el "vínculo fundamental" que requiere este tipo de intervenciones con menores se descuide y haga más complicada la integración o reinserción de los menores.

"La falta de una atención laboral adecuada supone mayor inestabilidad para una infancia que necesita más apoyo y no menos y que requiere que sea atendida para llevar a cabo estos procesos de integración e inserción", ha insistido.

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