La plataforma de entregas a domicilio Glovo cambiará su modelo de relaciones con los trabajadores en España y realizará contratos laborales a sus repartidores, que hasta ahora eran autónomos. La compañía ha tomado esta decisión tras estar en el punto de mira por el uso de la figura de los autónomos, lo que ha llevado a una juez de Barcelona a investigar si ha vulnerado los derechos de sus trabajadores. De hecho, la juez había citado a declarar mañana mismo como investigado al cofundador y consejero delegado de la plataforma, Oscar Pierre.
En un comunicado, Glovo ha asegurado este lunes que ha dado este paso "en el marco de su firme compromiso con España, su país de origen y principal mercado" y ha anunciado que abrirá una mesa de diálogo con los agentes sociales para guiar el proceso de cambio de modelo.
La firma tecnológica ha apuntado que el cambio de modelo se llevará a cabo en todas las ciudades en las que realiza entregas, que superan las 900, y en todos las verticales de la aplicación, aunque no ha concretado ni cuándo tendrá lugar ni tampoco cuándo se abrirá la mesa de diálogo.
Desde los sindicatos celebran la decisión de Glovo, pero lamentan que lo haya hecho tras verse acorralada por la Justicia. "Lo que nos da pena es que haya tenido que llegarse a este extremo", dice el secretario de organización de la federación de servicios de CC. OO. Aragón, Gerardo Montori. Lamenta que para alcanzar este modelo, Glovo haya tenido que acumular "sanciones de más de 200 millones" y que su CEO y fundador "se haya tenido que ver en los tribunales de Justicia con posibles penas, incluso por la vía penal, de hasta seis años de cárcel"
Una denuncia de la Fiscalía llevó a esta situación judicial
La investigación judicial contra Glovo se abrió a partir de la denuncia que la Fiscalía de Barcelona presentó el pasado junio contra el responsable de la compañía de reparto por considerar que la compañía "suprime" los derechos de los trabajadores al contratar a falsos autónomos.
Según el relato de la fiscalía, los repartidores "se ven obligados a darse de alta como autónomos y a abonar sus propias cotizaciones si quieren continuar prestando los servicios para la empresa". La Fiscalía decidió actuar a raíz de un informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que remitió a su vez a la Fiscalía General del Estado el pasado mes de octubre.
El ministerio público recuerda que es "una práctica que no autoriza la legislación laboral y que menoscaba y suprime los derechos que aquella reconoce a los trabajadores por cuenta ajena, tales como los relativos a salario, jornada, descansos, permisos, vacaciones o protección a la Seguridad Social".