Samper reaparece en los juzgados para declarar como testigo en otro caso que afecta al Clúster del Maestrazgo

El propietario de Forestalia, Fernando Samper, ha declarado como testigo en los juzgados de Teruel en la causa abierta contra la alcaldesa de Mosqueruela, Alba Lucea (PSOE), por la posible comisión de delitos relacionados con el proyecto de renovables del Clúster del Maestrazgo. Es la primera aparición pública de Samper tras ser detenido durante los registros de su vivienda y empresa por las presuntas irregularidades que afectan a Forestalia.

Samper ha preferido no contestar a las preguntas de los periodistas y en los juzgados su abogado ha insistido en que ha venido para declarar como testigo en otra causa. Se trata de las diligencias abiertas contra la alcaldesa de Mosqueruela que está investigada por la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, tras la denuncia presentada por Teruel Existe.

El origen del caso se remonta a 2023, cuando el Ayuntamiento firmó un contrato con una asesoría de Cuenca a la que estaba previsto ceder un 15 % de las tasas e impuestos municipales generados por la construcción de los parques eólicos y solares del Clúster del Maestrazgo. El contrato ya fue declarado nulo, pero Teruel Existe ha pedido investigar si podría incurrir en otros delitos, ya que para la abogada de la acusación este contrato es grosero por sus manifiestas ilegalidades.

"Además de actuar vía administrativa, se ha actuado interponiendo una denuncia para que se investigue si esa grosería se puede considerar prevaricación y si había alguna circunstancia o inicio de posibles escenario delictivos", ha advertido la abogada Dorinda Aventín.

El juez también ha tomado declaración en calidad de testigo a un concejal del Ayuntamiento de Mosqueruela y a la secretaria-interventora del Ayuntamiento de Mosqueruela.

El mismo juez que instruye el caso Forestalia

El juez es el mismo que, de momento, instruye la operación Perserte, en la que se investiga a Samper y otras cinco personas por la tramitación de proyectos de renovables para Forestalia. En ese auto, califica a Samper como el tronco central de un presunto delito de cohecho y blanqueo de capitales para garantizar el éxito de los proyectos de energías renovables de Forestalia.

En la trama, además, estarían implicados altos cargos del Inaga y del Ministerio para la Transición Ecológica, además de varios testaferros y un notario de Madrid, colaboradores imprescindibles para el opaco entramado societario.

La Guardia Civil sospecha que entre el propietario de Forestalia y cargos del Inaga, el instituto encargado encargado de dar el visto bueno en la Comunidad a los proyectos de energías renovables,  existían reuniones "casi semanales" y encuentros para tratar directamente expedientes en trámite.

El informe señala también al entonces consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona. Según varios testimonios, podría estar implicado en una presunta amenaza a un técnico que comenzó a cuestionar los informes favorables a Forestalia. Fue cesado y sustituido por otro, nombrado directamente por el director general, Jesús Lobera.

Lobera es la figura central en las acusaciones de presión y cambio de procedimiento para favorecer a Forestalia, a pesar, según la investigación, de no contar con la capacidad técnica suficiente para las evaluaciones ambientales.

En el informe salen otros altos cargos de aquella época en el Ejecutivo aragonés. Alfredo Boné, exconsejero de Medio Ambiente, su número dos en el departamento, Luis Marruedo, y su jefa de gabinete, Ana Cristina Fraile. Todos aparecen reflejados en los informes sobre compra- venta de varias empresas. Algunas, recoge el informe, por encima de valor del mercado. Estarían vinculadas directa e indirectamente con Forestalia, porque según incluye la Guardia Civil, tenían a la empresa de Samper como único cliente.