El Tribunal Constitucional admite el recurso de Aragón al reparto de menores migrantes
La Comunidad se ha negado a acatar la norma nacional que obliga a los territorios a comunicar los datos de acogimiento de menores
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite este martes el recurso interpuesto por Aragón contra el Real Decreto para reubicar a los menores migrantes no acompañados. La resolución final puede demorarse hasta un año. El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha asegurado que utilizarán todos los instrumentos legales a su alcance "para intentar evitar el atropello que supone dejar en manos de los socios independentistas de Sánchez la política migratoria nacional".
El mismo recurso fue presentado por Extremadura y Cantabria y también ha sido admitido a trámite.
Los recursos se dirigen contra el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
Los gobiernos autonómicos alegan que dicho decreto no solo "vulnera los preceptos constitucionales sobre cómo debe legislarse cuando se trata de derechos fundamentales, sino el régimen de distribución de competencias entre el Estado y autonomías y los principios de autonomía y solidaridad".
El Gobierno de Aragón ha sido uno de los más combativos contra esta norma, lo que ha provocado recursos cruzados entre ambos Ejecutivos.
La Comunidad ha recurrido el Real Decreto y el Gobierno de España también ha acudido al Constitucional por la negativa de Aragón a acatar la norma, que obliga a las comunidades a comunicar los datos de acogimiento de menores. Un requisito con el que Aragón no está de acuerdo, por lo que ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, junto a otro contra la Sectorial de Infancia y Adolescencia.
El pasado 29 de abril, la corte de garantías ya admitió a trámite el recurso presentado por la Comunidad de Madrid contra este mismo decreto.
Azcón ha dicho, a través de su cuenta de X, que el Ejecutivo autonómico utilizará todos los instrumentos legales a su alcance. "Es intolerable que sea un prófugo de la justicia, que solo busca dinamitar el Estado de Derecho, quien imponga al Gobierno de España y a las comunidades autónomas dónde se llevan los menores extranjeros, con un planteamiento xenófobo e insolidario".