El Supremo confirma que los bancos son responsables del dinero estafado a un cliente mediante 'phishing '
La sentencia del Supremo hace referencia a una denuncia que un cliente de Ibercaja interpuso tras ser engañado y demostrar que su comportamiento no fue negligente
El Tribunal Supremo ha establecido que son las entidades financieras las que deben responder de los fraudes y estafas realizados por medios telemáticos, siempre que no puedan demostrar que el usuario fue negligente, que dejó expuestas sus contraseñas o no informó inmediatamente de movimientos extraños.
La sentencia, fechada el pasado 9 de abril, hace referencia a otra de 2022, en la que la Justicia desestimó un recurso de Ibercaja tras la denuncia que realizó el titular de una cuenta de esta entidad tras sufrir varias retiradas de efectivo y pagos con su tarjeta por importe de 83.692,73. Varios de los movimientos fueron realizados de madrugada, sin que hubiera autorizado ninguna de ellas.
El afectado demostró haberse dirigido a la entidad financiera tras conocer lo ocurrido. Tras una serie de gestiones, Ibercaja consiguió recuperar algo más de 27.000 euros, pero rechazó hacerse cargo del reembolso del resto de los fondos sustraídos.
El Supremo ratifica el fallo de primera instancia, que dio la razón al cliente, y recuerda que la normativa europea establece que el usuario solo responde cuando haya incumplido deliberadamente sus obligaciones. En este caso, al no existir ningún elemento del que se deduzca la existencia de un fraude o incumplimiento deliberado, la cuestión se reconduce a dilucidar si es posible hablar de negligencia grave, cuya prueba incumbe al banco. "Es la entidad bancaria la que debe responder del reintegro de las cantidades dispuestas de forma fraudulenta, sin que corresponda a los clientes o usuarios prevenir ni averiguar las modalidades de riesgos que el sistema conlleva", añaden los magistrados.
La Sala también llama la atención sobre el hecho de que la entidad financiera no considerara anormal que un cliente se pusiera a realizar operaciones de miles de euros a altas horas de la madrugada, cuando eso no había sucedido nunca, algo que permite sospechar que ha habido actividades irregulares.