La consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, se ha reunido este lunes con los gerentes de las entidades sociales que gestionan los centros de menores concertados en Aragón y con los directores de estos espacios para poner en común la situación generada en los últimos días y poner en valor iniciativas de mejora y de control de protección a la infancia.
Susín, que ha reiterado que el sistema funciona, considera que es necesario salvaguardar el trabajo de los funcionarios y de las entidades sociales aunque, señala, hay que poner en marcha la batería de medidas que ya anunció la pasada semana como el protocolo de malas prácticas o el registro de trabajadores. De hecho, en las próximas horas la consejera firmará la Orden de inicio de Creación del Registro de Trabajadores de los centros de menores para que quede constancia de la capacitación técnica y profesional de todos los empleados de estos espacios, garantizando su profesionalidad.
Hasta ahora, recuerda el Gobierno de Aragón, era suficiente la presentación de una Declaración Responsable de que todo el personal cumplía con la formación necesaria para desarrollar su labor. Se van a revisar todos los contratos realizados y se va a establecer un plan de visitas permanente a los centros para garantizar el buen funcionamiento de estos espacios. Además, y de manera paralela, se mantiene abierta la investigación interna cuyas conclusiones serán puestas a disposición de la autoridad judicial.
Vox pide la comparecencia de la consejera Susín
En este contexto, Vox ha pedido que comparezcan en las Cortes la consejera de Bienestar Social, Carmen Susín, y el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Ángel Val, para que expliquen la política de contratación y supervisión de los centros de menores. Han pedido información sobre el dinero asignado a la empresa que gestionaba el centro de Ateca desde 2017 y si había incidencias. También han solicitado copias de los contratos firmados con las entidades que gestionan el resto de centros.
El portavoz de Vox en las Cortes, Santiago Morón, ha explicado que quieren "demostrar el coste real, no solo en términos económicos sino también en falta de seguridad y sobrecarga de servicios públicos, que la inmigración ilegal supone a los aragoneses"