El Gobierno de Aragón agilizará los protocolos contra el acoso escolar y los extenderá a los centros privados
Obligará a activarlos de forma inmediata con el objetivo de mejorar la prevención, detección e intervención

En el último año, los protocolos abiertos por acoso escolar en los centros escolares aragoneses se han duplicado, pasando de 64 a 122. Por ello, el Gobierno de Aragón quiere dar un paso más en la lucha contra el 'bullying' y propone modificar las normas de convivencia y protocolos vigentes en los colegios.
Entre las modificaciones se encuentra la ampliación de su ámbito. A partir de ahora, los protocolos serán de obligada aplicación no solo en centros públicos sino también privados. Además, va a desarrollar de forma más clara y eficaz el protocolo de actuación y prevención.
Así, la nueva normativa define de forma concreta el acoso y obliga a los equipos directivos a activar de forma inmediata y automática los protocolos ante cualquier indicio razonable de acoso, "protegiendo a la víctima, investigando los hechos con rigor y aplicando las medidas que procedan", ha expuesto la consejera de Educación, Tomasa Hernández.
El objetivo es reforzar la prevención, detección e intervención agilizando estos protocolos. Su instrucción será más rápida y requerirá menor documentación para los centros educativos. A partir de ahora, en vez de 10 anexos, los centros deberán cumplimentar solo cuatro fases:
- Fase 1. Ante la sospecha, evidencia o posible riesgo de acoso, la dirección abrirá automáticamente el protocolo, aplicará medidas de protección al menor y lo comunicará a la inspección y a la familia en un plazo máximo de 48 horas desde saber los hechos.
- Fase 2. La comisión de valoración recaba datos e información de la situación de acoso y toma una decisión en un plazo máximo de 15 días naturales.
- Fase 3. Se proponen medidas y un plan de intervención con el alumno acosado, el presunto acosador y grupos de alumnos espectadores.
- Fase 4. Seguimiento del caso por la comisión para evaluar la eficacia de las medidas y decidir si se continúa o no.
El fin último que se persigue con estas modificaciones es mejorar el bienestar emocional del alumnado y la convivencia en las aulas. La norma se llevará al Consejo Escolar de Aragón para su debate.
