El Gobierno central aprueba recurrir al Constitucional la derogación de la Ley de Memoria de Aragón
Según el Ejecutivo, la norma para derogar la ley “incumple el principio de deber de colaboración con el Estado”
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Aragón, que a juicio del Ejecutivo "incumple el principio de deber de colaboración con el Estado" en materia de memoria.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha explicado que la decisión de recurrir la Ley 1/2024 de Aragón, por la que se deroga la anterior Ley de Memoria Democrática de la región, se ha tomado con el aval del Consejo de Estado y tras la negativa del Gobierno de Jorge Azcón a negociar sobre la norma. "El Gobierno de España ha querido hablar, ha querido negociar y sentarse con el Gobierno de Aragón", ha sostenido Torres, quien ha señalado que el 2 de abril Moncloa comunicó oficialmente a Azcón su deseo de abrir "un diálogo", pero el 16 de mayo Aragón "comunicó por escrito que rechazaba esta invitación".
El Consejo de Estado, ha apuntado Torres, concluye que la ley aragonesa "incumple" su "deber de colaboración con el Estado" en la aplicación de la normativa nacional de memoria porque, por ejemplo, "retira las placas de señalización" de campos de concentración y lugares de memoria, "elimina del sistema educativo" la reparación de las víctimas y "la vulneración de los derechos durante los años de la dictadura", "elimina el mapa de fosas" y "dificulta" el acceso a la información por parte de asociaciones memorialistas.
El ministro ha reprochado a PP y Vox, que gobiernan en Aragón, que "invisibilicen a las víctimas del bando democrático durante los años de la dictadura" e "impidan el trabajo de las asociaciones memorialistas", y ha avisado de que el Ejecutivo acudirá "donde sea preciso" para "impedir que nadie reescriba la historia intentando blanquear la dictadura".
Por otro lado, cuando le han preguntado si el Gobierno prevé tomar esta misma medida contra las leyes de memoria que tramitan otras regiones gobernadas por el PP como la Comunidad Valenciana o Castilla y León, Torres ha indicado que el Ejecutivo actuará "en el momento en el que esas proposiciones de leyes se conviertan en leyes". "Si se terminan aprobando como las conocemos, indudablemente arbitraremos el mecanismo inicial (de diálogo) y luego también iríamos al Tribunal Constitucional", ha señalado el ministro.
El Gobierno de Aragón defiende que está avalada por informes jurídicos
El Gobierno de Aragón insiste en que ese recurso responde a una política de confrontación del Gobierno de Pedro Sánchez con las comunidades autónomas y defienden que la derogación de la Ley de Memoria Democrática está respaldada por informes jurídicos. "Este recurso de inconstitucionalidad va en contra de la autonomía y el respeto a las instituciones aragonesas, que representan la representación política de todos los aragoneses y donde se acordó derogar una ley. El Gobierno de España debería saber que no existe ninguna ley que obligue a tener una ley memorialista", ha defendido la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mar Vaquero.
Además, el Gobierno aragonés ha informado de que el Consejo Consultivo de Aragón avala la derogación de la Ley de Memoria Democrática aprobada por las Cortes. Asegura que los derechos de las víctimas de la represión franquista están garantizados a través de la ley estatal, y que no existe impedimento alguno para que esta norma se aplique en la Comunidad. Lo que sí es necesario, según el Consejo, es que las comunidades colaboren con el Gobierno central en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática estatal.