El Constitucional anula la Ley de Renovables de Aragón tras el recurso del Gobierno central
En su sentencia, el Alto Tribunal no entra a valorar si el Gobierno de Aragón tenía competencias en esta materia, sino que declara inconstitucional el Decreto-ley porque no está justificada su tramitación de urgencia
El Tribunal Constitucional ha anulado la llamada Ley de Renovables que aprobó el anterior Gobierno de Aragón en marzo de 2023. Considera que fue inconstitucional tramitarla como un decreto-ley, al no estar justificada su urgencia para reducir el procedimiento legislativo habitual. El Alto Tribunal, sin embargo, no entra a analizar si su aprobación invade competencias del Estado.
El pleno del Constitucional estima así el recurso que presentó el Gobierno central en diciembre de 2023 contra el decreto-ley aprobado por el Ejecutivo de Javier Lambán para impulsar las energías renovables y el consumo de cercanía. En su reclamación aseguraba que algunos artículos atribuían a Aragón competencias del Estado y que no había motivos para usar un mecanismo de urgencia, como el decreto ley, para aprobar la norma.
El Alto Tribunal solo estima este último punto y considera que las referencias “abstractas y genéricas” a la pandemia y a la guerra en Ucrania no son “una definición explícita y razonada” para aprobar la ley con urgencia, “sustrayéndola del procedimiento legislativo en detrimento de las minorías parlamentarias”. Sobre todo, insiste el TC, cuando se trata de una “reforma de gran envergadura con repercusión directa en todo el sistema eléctrico y en costes energéticos, y cuya finalidad es cambiar el modelo de energía en la Comunidad Autónoma de Aragón”.
De esta manera, el decreto-ley en su conjunto queda anulado. La norma, que salió adelante con los votos de PSOE, CHA, Podemos y PAR, pretendía impulsar un modelo energético propio mediante la promoción del consumo de cercanía con renovables para abaratar la factura a los ciudadanos y empresas y ser palanca de atracción de nuevos inversores.
No afecta a la gestión energética del Gobierno aragonés
Tras conocerse esta anulación, la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, señalaba que se trata de un "varapalo más" a la actividad legislativa del anterior Ejecutivo autonómico, liderado por el socialista Javier Lambán. Y aunque los servicios jurídicos se encargarán de analizar la sentencia, ha añadido, en el Gobierno hay "tranquilidad política y jurídica", ya que, ha explicado, "no entra al fondo de los diferentes artículos, sino a la forma".
Además, Vaquero ha garantizado que esta decisión del Constitucional no afecta a la gestión energética que desarrolla el Gobierno de Aragón en la tramitación de diferentes expedientes, ni a los planes y proyectos de interés general de Aragón (PIGA) vigentes en la actualidad, puesto que, ha señalado, ya era una normativa de "escasa aplicación".