Bienestar Social gestionará 579 millones con prioridad nacional y con "cero euros" para cooperación exterior

El Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia gestionará un presupuesto en 2027 de 579 millones de euros, un 14 % más que en el último aprobado, de los que 548 son fondos propios, un 20 % más, con la premisa de la prioridad nacional y, por ella y por "sentido común", con "cero euros" para cooperación exterior.

El vicepresidente y consejero del área, Alejandro Nolasco, lo ha explicado así en su comparecencia ante la comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón para detallar las cuentas de su departamento, donde ha argumentado que los recursos "son finitos" y que deben "quedarse en Aragón y en España", por lo que se destinarán a atender a las más de 300.000 personas mayores de la comunidad, el 18 % de ellas con 85 años o más, y no a una cooperación que, a su juicio, no se puede fiscalizar.

Nolasco ha resaltado que la prioridad nacional, que "no se trata de exclusión, sino de priorizar" a quienes más han aportado al sistema de bienestar, ya se ha aplicado en las ayudas publicadas en el Boletín Oficial de Aragón por partos múltiples y en los proyectos en materia de familia, y que se mantendrá en todas las convocatorias del departamento.

Y ha recalcado las bajadas de impuestos y deducciones fiscales de apoyo a las familias por nacimiento o adopción que, en los casos de discapacidad reconocida de al menos el 33 %, serán de 2.000 euros por el primer hijo, 3.000 por el segundo y 5.000 en el caso de familias numerosas, importe que se aplicará en los tres periodos impositivos siguientes.

En materia de dependencia, ha indicado que la inversión en prestaciones será de 145 millones de euros en 2027, lo que conllevará un incremento del 7 % en las cuantías de Grado II y Grado III, al tiempo que ha destacado que Aragón es una de las regiones que más solicitudes aprueba sobre las presentadas, el 87 %, frente al 78 % de Cataluña o el 73 % de Navarra.

Además ha subrayado la importancia de las ayudas a los enfermos de ELA en residencias publicada el 30 de octubre con una dotación de 195.000 euros.

De los 579 millones que gestionará, 528 millones son para el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 41 para las direcciones generales y la Secretaría General Técnica y 9 para el Instituto Aragonés de la Juventud.

Reacción de la oposición

La diputada socialista Mónica Iglesias ha sostenido que, sin el Gobierno de Pedro Sánchez, el consejero "tendría muchos menos recursos" y le ha acusado de necesitar sus fondos para presumir de gestión, al tiempo que ha preguntado cuánto aumenta realmente la aportación propia de Aragón a la dependencia, descontando el incremento de la financiación estatal.

Ha acusado al consejero Nolasco de haberse "cargado" la cooperación al desarrollo, mientras aumenta los puestos de confianza y hay 370.000 euros previstos para toros. Se ha preguntado cuántas plazas de residencia para mayores se podrían crear con ese dinero.

Para Carmen Bozal, de CHA, es "especialmente grave" la desaparición de la cooperación internacional al desarrollo, una política con más de 30 años de trayectoria recogida en el Estatuto, ha denunciado la eliminación de subvenciones a proyectos de apoyo a las personas LGTBI y sus familias y ha pedido saber cuántos profesionales nuevos se incorporarán para la protección de menores y si el refuerzo será solo de seguridad.

Bozal ha reclamado que aclare cómo aplicará la prioridad nacional sin vulnerar la ley y si extenderá a otras prestaciones el requisito de cuatro años de residencia fiscal previsto para algunas deducciones familiares.

Y por su parte, Marta Abengochea, de IU, ha asegurado que es "el peor presupuesto social" de la historia de Aragón, "una oda a la discriminación, al sectarismo y a la discrecionalidad", que pese a contar con más millones no refleja una mejora sustancial de servicios críticos que combaten la brecha de la desigualdad mientras sobran recursos para "los chiringuitos de la desregulación", convenios concedidos a dedo y un modelo 'low cost' en el que quien quiere derechos tiene que pagárselos.

A su juicio, la prioridad nacional no es tal, sino que es "una prioridad ultra", al tiempo que ha criticado a Nolasco por usar a los mayores como excusa para justificar una política "discriminatoria". También ha tildado de "miserable" la eliminación completa del programa de cooperación al desarrollo y la supresión del programa Vacaciones en Paz y ha criticado que suba en 1,5 millones la seguridad privada en cuatro centros de menores, cuando ese dinero podría contratar más educadores.