Aragón regula las extraescolares: qué cambia para profesores, alumnos y familias
La nueva normativa, que entra en vigor este martes, fija criterios comunes y ratios de acompañamiento para garantizar la seguridad de alumnos y docentes desde el próximo curso. Aragón es la primera Comunidad en regular estas actividades
Aragón será la primera comunidad autónoma en regular de forma específica las actividades extraescolares, las complementarias y los viajes de estudios. La nueva orden del Departamento de Educación se publicará este martes, 25 de agosto, en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) y se aplicará desde el curso 2026-2027. ¿Qué cambia para profesores, alumnos y familias?
La norma establece un marco común para los centros públicos y busca reforzar la seguridad jurídica de docentes, alumnos y familias, además de homogeneizar los criterios para organizar, supervisar y acompañar las salidas fuera del recinto escolar.
Entre las principales novedades figuran las ratios orientativas de acompañamiento. En Educación Infantil habrá un docente por cada 15 alumnos; en Primaria, uno por cada 23; en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional, uno por cada 30 y en Educación Especial, uno por cada tres alumnos. Como norma general, las actividades deberán contar al menos con dos docentes responsables. Los centros podrán incrementar el número de acompañantes cuando las necesidades del alumnado o la complejidad de la actividad así lo aconsejen.
La orden mantiene, además, que las actividades extraescolares deben estar incluidas en la Programación General Anual del centro y contar con la autorización del Consejo Escolar. También deberán incorporar una planificación que permita valorar los riesgos y prever medidas de actuación ante posibles incidencias.
12 horas de descanso para los docentes
La participación en las actividades extraescolares seguirá siendo voluntaria tanto para el alumnado como para el profesorado. En el caso de las actividades complementarias, vinculadas al currículo y organizadas por los departamentos, la participación tendrá carácter obligatorio.
Una de las novedades que afectan directamente al profesorado es el establecimiento de un descanso mínimo de 12 horas después del regreso de una actividad antes de reincorporarse al puesto de trabajo.
La normativa también refuerza las garantías para el alumnado con necesidades específicas. Los centros deberán realizar una valoración individual y adoptar las medidas organizativas, de accesibilidad y de acompañamiento necesarias para que pueda participar en las salidas en condiciones de igualdad.
Para estos casos se contempla la elaboración de planes específicos de organización, protección y seguimiento, en coordinación con las familias y, cuando sea necesario, con profesionales sanitarios, psicopedagógicos o sociales. De forma excepcional, y únicamente cuando no sea posible garantizar la seguridad con medidas organizativas razonables, podrá acordarse la no participación del alumno, justificando los motivos y buscando la solución menos restrictiva.
Un marco común para todos los centros públicos
La orden se estructura en ocho anexos que incluyen modelos y orientaciones para la planificación de las actividades, la información y autorización de las familias, las normas de conducta y convivencia, la valoración individual del alumnado, los protocolos ante incidencias y las medidas de protección y cobertura.
En materia de responsabilidad civil, el texto garantiza que el personal docente que participe en estas actividades queda bajo la cobertura de la Administración. La responsabilidad personal se reserva para supuestos de dolo, culpa o negligencia grave.
La norma se aplicará a los centros públicos de Aragón. Los colegios e institutos concertados y privados podrán utilizar sus criterios y modelos como referencia, siempre que sean compatibles con su normativa específica y con su autonomía de gestión.
La orden tiene carácter transitorio y permanecerá vigente hasta que, a lo largo de 2027, se apruebe una regulación definitiva. Educación asegura que su aplicación durante el próximo curso permitirá evaluar su funcionamiento y recoger la experiencia de los centros para introducir posibles mejoras en la futura normativa. El proceso para elaborarla comenzó en junio. Entonces, la Secretaría General de Educación solicitó las aportaciones de toda la comunidad educativa, como sindicatos y entidades, que han propiciado varias modificaciones en la redacción del texto.