El Gobierno de Aragón interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra el real decreto ley del Gobierno de España en el que se acuerda la reubicación de menores migrantes no acompañados. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, Mar Vaquero, en una rueda de prensa tras la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, en la que se ha aprobado autorizar la interposición del recurso ante el Tribunal Constitucional.
El Gobierno de Aragón argumenta esta decisión porque considera que "el único interés que prima y el interés superior" es el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "por conseguir el acuerdo de los independentistas y mantenerse a un poco más en La Moncloa". "Nos llama la atención que hable de medidas urgentes cuando las únicas urgencias son las urgencias personales, las urgencias políticas, las urgencias territoriales del presidente del Gobierno de España", ha subrayado Vaquero, quien ha calificado de "cínico" que Sánchez hable del interés superior del menor.
La vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha justificado este recurso en que las medidas del Gobierno de España "vuelven a dinamitar" los principios de igualdad y de solidaridad y en que no se tiene en cuenta el interés de los menores ni la necesidad de que este tipo de acuerdos se tomen previamente con todas las comunidades autónomas y de disponer de los recursos económicos para acoger a estos menores.
Además, el Ejecutivo aragonés iniciará todos los recursos judiciales que sean necesarios para recurrir las decisiones y actos administrativos que deriven de la aplicación de este real decreto ley y pedirá también las medidas cautelares que sean necesarias. La primera a la petición que el Ministerio de Juventud Infancia ya ha hecho a las comunidades sobre los datos de plazas y menores. Según las primeras estimaciones, Aragón tendría que acoger 186 menores. Se sumarían a los 197 que ya atiende, aunque solo dispone de 104 plazas. El Ejecutivo asegura que el sistema está sobrepasado y pide transparencia en los criterios de cálculo.
"Mientras no sepamos cómo hace Cataluña esas cuentas, el resto de comunidades no podemos hacer obviamente nuestras cuentas. Entonces, que las reglas de juego sean uniformes para todos y para eso está la conferencia sectorial", ha defendido la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, que ha acompañado a la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo.
El Gobierno de Aragón considera que es en la conferencia sectorial, con todas la comunidades autónomas, donde se tienen que consensuar este tipo de medidas. Eso sí, Vaquero ha querido dejar claro que el Gobierno de Aragón "no incumplirá ninguna ley" ni van a ser "insumisos".
Azcón y Moreno Bonilla comparten el rechazo a la reforma
También han mostrado su rechazo a la reforma el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y su homólogo andaluz, Juanma Moreno Bonilla, con el que se ha reunido este viernes en el edificio Pignatelli. Coinciden en que cumplirán la ley, pero muestran su rotunda oposición.
Para estos líderes autonómicos la norma es injusta, la califican de desigual y creen que afectaría a los presupuestos de las autonomías. Afirman, además, que es resultado de una negociación unilateral entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts, y no con el conjunto de las comunidades.
"Todos sabemos cuáles son las razones reales de este real decreto que conocimos porque un socio del Gobierno de España, Junts, nos lo cuenta al resto de comunidades. Esto es otra parte del precio que Pedro Sánchez tiene que pagar para continuar en la Moncloa", ha afirmado Azcón.
Por su parte, Moreno Bonilla lo ha calificado de "disparate colosal en terminos legales, sociales y políticos". "No tiene manera de aceptarse. Creo que el Gobierno no dará un paso atrás, porque no hace nunca ninguna reflexión ni ninguna autocrítica", ha vaticinado.