Aragón reclama una regulación equilibrada para los centros de datos que no frene la inversión

El Gobierno de Aragón ha presentado alegaciones al proyecto de Real Decreto que regula la eficiencia energética y la sostenibilidad de los centros de datos(se abre en una nueva ventana). La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, ha explicado que el Ejecutivo autonómico "defiende las inversiones tecnológicas estratégicas y reclama una regulación equilibrada, que garantice la sostenibilidad sin frenar la inversión".

Vaquero ha recodado que Aragón "se ha consolidado como uno de los principales 'hubs' de centros de datos del sur de Europa, con inversiones previstas que superan los 48.000 millones de euros, lo que sitúa a la Comunidad en una posición estratégica para liderar la transformación digital y fortalecer la soberanía tecnológica de España".

El Gobierno autonómico ha subrayado que "el volumen de inversiones demuestra que no se trata de una situación pasajera ni limitada a una comunidad específica", por lo que considera necesaria "una estrategia nacional con capacidad para transformar el papel de España en el ecosistema digital europeo". Además, ha advertido de que "no se puede restringir el acceso a la red eléctrica por el sector económico o actividad a la que pertenezca la industria solicitante".

A juicio del Gobierno de Aragón, el proyecto de Real Decreto podría incurrir en una extralimitación competencial en materia de energía, cuya regulación es compartida según la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Aragón, que reconoce a la Comunidad la facultad de desarrollar y ejecutar la legislación básica estatal. Si el Estado legisla más allá de las bases y la coordinación general, señala el Ejecutivo autonómico, "se estaría invadiendo competencias autonómicas, lo que generaría inseguridad jurídica, riesgo de nulidad normativa y limitaría la capacidad de adaptación territorial".

Otro de los puntos cuestionados es la intención del Gobierno central de convertir en requisito obligatorio el Código de Conducta Europeo para centros de datos, una iniciativa que nació como voluntaria para fomentar la eficiencia energética mediante acuerdos sectoriales. Según Aragón, imponer sus indicadores como obligatorios "distorsiona su naturaleza, excede el marco de la Directiva e incrementa de nuevo las trabas a la competitividad de España en la atracción de proyectos".

Por todo ello, el Gobierno de Aragón apela "a una regulación que siga las directrices de Europa, que impulse y no frene, que proteja sin paralizar, y que esté alineada con los objetivos estratégicos del país en materia de digitalización y competitividad". En este contexto, "si el Real Decreto establece requisitos excesivos, podría afectar principios clave como la seguridad jurídica y la proporcionalidad, desincentivando la inversión y dificultando la competitividad", reprocha el Gobierno de Aragón.

“Una normativa demasiado rígida podría hacer que España pierda competitividad frente a otros países europeos, alejando inversiones, talento y empleo cualificado”, advierte el Ejecutivo autonómico, que alerta de que el proyecto “pondría en riesgo la soberanía tecnológica al debilitar infraestructuras clave como los centros de datos, infraestructuras críticas para la gestión y el almacenamiento de datos”.