El Gobierno de Aragón ha votado en contra del Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027 y ha apoyado el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027 planteado por el Ministerio de Sanidad por la falta de consenso con las entidades profesionales, la ausencia de financiación suficiente y los recortes en la formación de futuros especialistas en salud mental.
Los principales puntos de desacuerdo giran en torno a la aprobación de las plazas de formación de residentes en Psiquiatría, Psicología Clínica y Enfermería especializada en Salud Mental, porque aunque desde el Ministerio se han comprometido a aprobar el 90% de las plazas propuestas, sigue dejando fuera a una parte significativa de profesionales en formación, ha explicado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.
El director general de Salud Mental del Gobierno de Aragón, Manuel Corbera, ha lamentado este recorte del 10%, al considerar que "no se puede prescindir de ni un solo psiquiatra, psicólogo clínico o enfermero de Salud Mental" en un contexto de elevada demanda asistencial.
Polémica sobre la "desprescripción" de fármacos
Otro de los puntos de fricción ha sido la referencia en el plan a la desprescripción de fármacos, una medida que ha generado reticencias entre los especialistas. Desde Aragón, se ha defendido la necesidad de hablar de un "uso racional del tratamiento farmacológico" y se ha insistido en evitar cualquier banalización de la prescripción de medicamentos en salud mental.
Corbera ha señalado que la medicación es fundamental en el tratamiento de ciertos trastornos mentales graves y que su eficacia está más que demostrada. Por ello, el Gobierno aragonés considera que el enfoque del Ministerio en este aspecto es "problemático" y ha sido uno de los motivos de su voto en contra.
Financiación insuficiente
El tercer punto de desacuerdo ha correspondido con la financiación. En un principio, el Ministerio optó por no incluir expresamente las líneas de financiación dentro del plan y posponer su discusión a un Consejo Interterritorial posterior, si bien, en la reunión de este viernes se ha planteó finalmente una inversión de 38 millones de euros para el Plan de Acción de Salud Mental y 18 millones para la estrategia de Prevención del Suicidio.
Para el Gobierno de Aragón, esta financiación es claramente insuficiente. “Estos programas deben tener un fuerte respaldo económico”, ha afirmado Corbera, quien ha insistido en la necesidad de incrementar los fondos para el Plan de Prevención del Suicidio, ya que "desarrollar unas líneas que se postulan como muy interesantes requiere de financiación adecuada".
Falta de consenso con los expertos
Finalmente, el director general de Salud Mental ha criticado que el Plan de Acción de Salud Mental no haya contado con el respaldo de entidades profesionales de referencia. "No se han tenido en cuenta aportaciones de peso", ha lamentado Corbera, quien ha subrayado que sociedades científicas como la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental o la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés (SEAS), así como el Consejo General de Psicólogos, han rechazado el documento precisamente por esta falta de consenso.
Por todo ello, Aragón ha decidido votar en contra del plan, sumándose a otras comunidades que han pedido que se siga trabajando en él antes de su aprobación.