Aragón presenta alegaciones al decreto que regulará los centros de datos: "Ninguno de los proyectos anunciados cumpliría las exigencias"

El Gobierno de Aragón ha presentado sus alegaciones al proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica que establecerá los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos. El Ejecutivo autonómico reclama "una revisión integral" del texto al considerar que puede poner en riesgo la competitividad económica de la Comunidad y frena inversiones estratégicas.

La consejera de Economía, Eva Valle, ha advertido de que "existe un riesgo muy elevado" y ha asegurado que, con las exigencias planteadas en el actual borrador, "ninguno de los proyectos actuales cumpliría las exigencias".

El Ejecutivo aragonés pedirá "una revisión integral del texto para evitar que suponga la prohibición de todo el sector", así como una revisión de los requisitos energéticos y del régimen transitorio. El objetivo es evitar la retroactividad, la litigiosidad y la incertidumbre jurídica, además de preservar la posición competitiva de Aragón y España.

Valle, que también ha reclamado "un mecanismo de diálogo fluido con las comunidades autónomas y los sectores afectados". Aragón es, según ha destacado la consejera, "un principal polo europeo de la economía del dato". Por ello, considera que la regulación debe encontrar un equilibrio entre sostenibilidad, actividad económica y competitividad. 

El Gobierno autonómico ha alertado de que tres empresas están desarrollando distintos proyectos de centros de datos en la comunidad. Según Valle, el actual borrador "pone en riesgo" estas inversiones y la situación "está desmotivando" al sector.

La consejera ha insistido en que las consecuencias podrían ser especialmente relevantes para Aragón por el “elevado número de inversiones comprometidas en la comunidad autónoma”.

El documento parte del compromiso de impulsar de manera "sostenible, segura y eficiente" los centros de datos, pero el Ejecutivo aragonés considera que los requisitos planteados no alcanzan el equilibrio necesario entre sostenibilidad y viabilidad.

“Los requisitos que se incorporan en el decreto distan mucho de alcanzar el equilibrio necesario entre sostenibilidad y viabilidad económica y técnica y jurídica necesaria para estas inversiones”, ha señalado Valle. A su juicio, la falta de ese equilibrio "podría resultar en una paralización de las inversiones que están en tramitación, como a nuevas inversiones en un sector estratégico".

El Gobierno de Aragón ha planteado cinco grandes bloques de alegaciones al proyecto. La primera cuestión son los requisitos energéticos. Según Valle, las exigencias previstas son "de casi imposible cumplimiento con la tecnología actual del sistema eléctrico español". El Ejecutivo aragonés cuestiona especialmente la obligación de cubrir el 80 % del consumo con generación renovable adicional y la denominada correlación horaria, que obligaría a garantizar ese porcentaje "hora a hora las 24 horas del día".

Para Aragón, estas condiciones no supondrían una ordenación del sector, sino que "constituyen una barrera de entrada a la actividad para el desarrollo de centros de datos".

La segunda alegación se refiere al acceso a la red. El Gobierno de Aragón considera que el proyecto "excede de la habilitación legal" porque introduce restricciones que afectan al acceso a la red eléctrica. Según el Ejecutivo autonómico, estas limitaciones deberían tener rango de ley, al afectar a cuestiones reguladas en la legislación del sector eléctrico. 

El tercer motivo de oposición es el carácter retroactivo que, a juicio del Gobierno aragonés, tendría la norma. Valle ha explicado que el texto no se aplicaría únicamente a nuevas inversiones, sino también a instalaciones que ya se encuentran en tramitación o en una fase avanzada de desarrollo y que ya han comprometido recursos.

"Esto altera el marco regulatorio cuando decidieron esta inversión", ha señalado la consejera. Para Aragón, esta situación genera incertidumbre jurídica e incrementa el riesgo de litigios y posibles reclamaciones patrimoniales, con un potencial impacto sobre las cuentas públicas. Menor competitividad frente a Europa

En cuarto lugar, el Ejecutivo autonómico considera que el decreto establecería en España un régimen más restrictivo que el existente en el ámbito europeo. "Nos colocaría en una situación de desventaja competitiva, riesgo de deslocalización", ha advertido Valle. La consejera ha recordado que el marco europeo todavía está en negociación y ha señalado que en ese ámbito "se opta por periodos más progresivos". 

Por último, Aragón cuestiona que el proyecto no incorpore una valoración suficiente de sus efectos económicos, presupuestarios y territoriales. "Cuestionamos que no se incorpore una valoración sobre ámbitos económicos, presupuestarios, ni territoriales", ha señalado Valle. "Consideramos que esta norma condiciona decenas de miles de millones de inversiones", ha añadido.

El Gobierno de Aragón reclama así cambios en el proyecto antes de su aprobación y defiende que la futura regulación permita avanzar en sostenibilidad sin comprometer la viabilidad de los proyectos ni la capacidad de la comunidad para atraer nuevas inversiones en un sector que considera estratégico.