Se cumplen tres años de la entrada en vigor de la Ley de la Eutanasia en Aragón, cuyo procedimiento controla la Comisión de Garantía y Evaluación bajo supervisión médica. Desde junio de 2021, 66 personas han solicitado su aplicación.
De ellas, 22 se han llevado a término -fundamentalmente enfermos neurológicos y oncológicos-, otras 22 han recibido un informe desfavorable, tres se encuentran en trámite y 19 personas han fallecido antes de la prestación.
Se trata de una ley garantista que lleva asociada unos plazos, lo que conlleva que determinados enfermos con dolencias muy avanzadas no pueden llegar a recibirla.
"Una persona presenta la primera solicitud, habla con el médico responsable y, como mínimo, deben pasar quince días antes de presentar la segunda solicitud. Luego, el médico responsable debe buscar un médico consultor experto en la enfermedad del paciente, quien deberá realizar otro informe. Así, ya va otra semana", detalla Javier Oliver, presidente de la Comisión de Garantías.
Al requerir tantos plazos, determinados enfermos con dolencias muy avanzadas no pueden llegar a recibirla. / Aragón TV
Esos informes llegan posteriormente a dicha Comisión, quien los evalúa y, si alberga dudas, reúne a todos los profesionales. En el caso de Aragón, el 75% de quienes recibieron la eutanasia padecían enfermedades neurológicas y el 25%, oncológicas o incapacitantes. Para estos profesionales, las dudas surgen especialmente en el caso de enfermedades mentales.
"No siempre es sencillo que una persona con enfermedad mental pueda tener la capacidad en ese momento de tomar la decisión. Además, hay enfermedades mentales que tienen propiamente en sus síntomas la idea de muerte", matiza Oliver.
Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente consideran que el número de peticiones es bajo. Asimismo, piden informar más a los pacientes sobre este recurso y escucharlos más.
"Se debe indicar cuál es el momento óptimo para tomar las decisiones, no prolongar los cuidados ni las terapias, como la quimioterapia o la radioterapia, hasta llegar a un momento en el que esa posibilidad de elección casi ya no exista", asegura Consuelo Miqueo, vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente.
Desde la Asociación Derecho a Morir Dignamente demandan formar más a los pacientes sobre este recurso y escucharlos. / Aragón TV
Suspensión de la eutanasia a una joven de 23 años
En Barcelona, el juzgado de lo Contencioso Administrativo mantiene la suspensión de la eutanasia a una joven de 23 años al no ver padecimiento crónico, grave e imposibilitante.
Su padre, representado por el colectivo, 'Abogados Cristianos', se opone a la muerte asistida y alega "falta de competencias". Según el abogado, se trata de la primera vez que un juzgado paraliza una eutanasia, aprobada previamente por un comité técnico.
Desde que se aprobó la ley en 2021, 1.500 personas han solicitado su derecho a una muerte digna en España, de las que cerca de 700 han sido aprobadas.