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El Gobierno de Aragón suspende la Baja España-Aragón 2026 y trabajará con la empresa organizadora para su celebración en este año

Esta medida se sustenta en los informes técnicos que recomendaban esta decisión ante el riesgo extremo de incendios

Imagen de la competición
Imagen de la competición

El Gobierno de Aragón ha decidido la suspensión de la Baja España-Aragón 2026, prevista entre los días 24 y 26 de julio, ante el riesgo extremo de incendios y trabajará con la empresa organizadora de la prueba, Esedos Events & Productions S.L., para su celebración en otra fecha del presente año. La decisión se ha adoptado a la vista de los informes técnicos que recomendaban esta medida y tras una reunión en la que han participado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa Sánchez; los directores generales de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, y de Gestión Forestal, Ana Oliván, además de responsables de la empresa organizadora.

El aplazamiento responde a la previsión de alerta roja y riesgo extremo de incendios forestales durante los próximos días en la provincia de Teruel y en el conjunto de Aragón. Ante este escenario, marcado por las altas temperaturas, las rachas de viento, la baja humedad relativa y un territorio especialmente seco tras un prolongado periodo sin precipitaciones, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón ha señalado que resulta imprescindible evitar el elevado tránsito de vehículos y la concentración de espectadores que conlleva una prueba de estas características, minimizando así cualquier riesgo añadido para el territorio.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha tenido muy presente la situación excepcional vivida en Aragón durante las últimas semanas, inédita en las últimas décadas, en las que los incendios forestales han exigido un esfuerzo extraordinario por parte de los operativos de extinción y del conjunto de los servicios de emergencia. Con esta decisión también se pretende evitar una mayor presión sobre las personas que han trabajado en la extinción de incendios y la atención de los vecinos afectados, que han afrontado jornadas de máxima exigencia y que podrían volver a ser requeridos si se producen nuevos incendios. La protección de quienes integran estos dispositivos, junto con la necesidad de no incrementar los riesgos derivados de una prueba de estas características en las actuales circunstancias, ha sido un factor determinante en la adopción de esta medida.

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